Llegamos solo a recoger el muerto

Editorial

Lo ocurrido con Coopeservidores no puede pasar desapercibido, urge tomar acciones tendientes a reformar la Ley si fuera necesario para que no lleguemos solo a “recoger el muerto”, como lo ha indicado la ciudadanía.

Suena duro, pero ya son varios casos que de manera consecutiva acaban con los ahorros y sueños de miles de personas, sin que estos tengan ni la más mínima posibilidad de defensa.

La intervención es una acción que ordena el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) cuando una entidad financiera supervisada entra en irregularidad de grado tres.

Así está estipulado en el artículo 136 de la Ley 7558, promulgada hace 29 años y, aunque se han dado normas posteriores que vienen a tratar de aliviar la angustia de quienes pierden todo, al final siempre es poco lo que se puede hacer.

El que llegue el interventor a una entidad financiera es casi como sinónimo de cierre o quiebra.

No lo decimos nosotros, lo dice la historia ¿O cuántas organizaciones en los últimos tiempos se han podido recuperar?

Como ya es sabido, la intervención puede derivar en un proceso de regularización o de resolución de la entidad financiera intervenida, que en otras palabras no significa más que una quiebra con la única diferencia de que los acreedores no terminan peleando sus derechos en un Tribunal.

Si bien las autoridades de supervisión deben apegarse a lo que dicta la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, lo cierto es que si se requiere una reforma es el mejor momento para que acudan a la Asamblea Legislativa.

Hay distintos actores que están alzando sus voces para que comiencen a gestarse cambios en el sistema de regulación de las entidades financieras y algunos incluso pasan por modificaciones administrativas.

Desde tiempos del Cementazo, mucho se ha venido hablando del gobierno corporativo, sin embargo, hay entidades donde la mano política sigue preponderando.

Las instituciones han llegado al punto de elegir a personas con una experiencia mínima en banca y finanzas para liderar una junta directiva o gerenciar una entidad.

En esto tiene que ver mucho la forma en la que se designan los altos mandos de una entidad financiera, al menos en el caso de los bancos públicos, donde es imposible desligarse de la política.

Ahora bien, también existen entidades donde esto tiene un peso significativo, a pesar de ser empresas privadas, como ocurre en el caso de algunas cooperativas.

Y esto ocurre frente a los ojos de todos, sin que nadie se pronuncie, al igual que los salarios millonarios. Todavía recordamos cuando este medio fue señalado por atreverse a publicarlos. ¿Entonces qué pasa? ¿Es pecado hablar de estas cosas?

¿Lo es el mencionar que hay quienes ejercen cargos de manera perpetua? ¿Y también se convierte en una transgresión el sugerir cualquier tipo de refrescamiento, porque es ir contra el sistema?

No es correcto cerrar los ojos frente a esta realidad, porque si no lo que ocurrirá es que seguiremos llorando cuando otras entidades caigan en la misma condición a futuro.

Aquí ya no se trata de buscar culpables, sino de ser proactivos y pensar en soluciones en el largo plazo, una labor que compete a los reguladores, a los diputados, al Gobierno, a los regulados y a la sociedad misma.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 25 Junio, 2024

HORA: 12:00 AM