La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero pidió a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que confirmara una información que circula en un oficio del Consejo Superior del Poder Judicial, donde se gira la instrucción de mover una tercera parte de defensores y fiscales de flagrancia hacia otros despachos.
Se trata del oficio 613-PLA-MI (PL)-2024, de fecha 27 de mayo de 2024 y enviado a la Secretaría General de la Corte, en relación con dichos funcionarios que laboran desde 2009 con el Tribunal de Flagrancia de San José.
De acuerdo con la legisladora, esta orden viene a menoscabar los esfuerzos de la Asamblea Legislativa de fortalecer este Tribunal para resolver la demanda popular de paliar la inseguridad ciudadana.
“Esto se contrapone a la ley aprobada este año para fortalecer dichos tribunales y es un contrasentido en términos de la necesidad de una justicia pronta y cumplida”, dijo Cambronero.
El procedimiento de flagrancia es un proceso muy rápido en que se tramitan causas penales cuando la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el hecho delictivo.
También aplica para después, o mientras sea perseguida, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito, de acuerdo con el artículo 236 Código Procesal Penal.
La Asamblea Legislativa había aprobado la reforma legal denominada Ley para Fortalecer los Tribunales de Flagrancia para Garantizar el Enjuiciamiento Oportuno de las Personas Imputadas, en abril de 2024, lo que modificó el artículo 422 del Código Procesal Penal.
“… En aquellos casos donde el hecho punible cumpla con lo establecido en el artículo 236 de este Código, el procedimiento penal deberá ser, obligatoriamente, la vía de flagrancia, desde su inicio hasta su finalización, dentro de los plazos establecidos en los artículos 430 y 435 de este Código…”, señala la reforma.
La medida se realizó con el objetivo de atender las demandas ciudadanas de garantizar el derecho fundamental a la seguridad pública, pero también el juzgamiento oportuno de las personas imputadas en este tipo de delitos, de acuerdo con la legisladora.
Por este motivo, la congresista solicitó que se aclare el periodo de estudio hecho por el Departamento de Planificación para realizar la propuesta de este traslado.
Además, pide que se explique si este estudio tomó en consideración, además de las cargas de trabajo, los tiempos que requieren defensores y fiscales para atender a los usuarios de este tipo de casos que se presentan de manera urgente.
Por otra parte, la diputada quiere aclarar si el Tribunal de Flagrancia de San José, II Circuito Judicial, sede Goicoechea, tuvo la oportunidad de participar y referirse al estudio que aprobó el traslado de recursos asignados a esas funciones.
Esto porque se trata del único Tribunal del país creado para dedicarse exclusivamente a los casos en flagrancia con atención todos los días del año, fines de semana, feriados y cierres colectivos.
De igual manera, que explique si se analizaron otros escenarios posibles de distribución de personal y cargas de trabajo que no impacten el funcionamiento normal de atención de este tipo casos.
DIARIO EXTRA consultó al Poder Judicial para obtener declaraciones del Consejo Superior con el fin de conocer las razones de esta medida, sin embargo, hasta el cierre de edición no respondieron al Periódico del Pueblo.
Eso sí, de manera extraoficial se conoció que el tema sería analizado el próximo martes en el Consejo Superior, para aclarar todas las dudas que han surgido por esta medida.
PERIODISTA: Allan Madriz
CRÉDITOS: Fotos: Raquel Vargas
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Sábado 29 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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