Anular la declaratoria de interés cultural a la marcha del orgullo LGBTIQ+ por parte de Casa Presidencial sería ilegal, según Luis Felipe Rodríguez, máster en Derecho Constitucional
En declaraciones a DIARIO EXTRA, Rodríguez analizó el caso que estuvo en la picota durante el fin de semana, el cual provocó distintas reacciones políticas y sociales.
¿A la marcha LGBTIQ+ se le puede otorgar una declaratoria de interés cultural?
- (…). Sobre la pregunta concreta, otorgar o dar el carácter de interés cultural a una determinada actividad es una competencia del Ministerio de Cultura y del Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente (…). Lo que se entienda por cultura o no es una definición muy amplia, pero, sin duda, todas las cuestiones vinculadas a derechos humanos son necesariamente de interés cultural para un determinado sector. La ley y el derecho administrativo no tienen una respuesta única para poder decirle a usted: ‘vea esta actividad sí y esta otra no’, se trata de una valoración política que el decreto da al Poder Ejecutivo de manera tal que ellos, según sus principios ideológicos o agenda política, determinen como de interés cultural. Si los actores políticos competentes lo valoran así claro que pueden (dar la declaratoria) porque en el Derecho no existe una restricción a cuáles actividades sí y cuáles no.
¿Esta marcha se pudo declarar ilegal?
- ¡No, de ninguna manera!, porque existen varios derechos fundamentales, como la libertad de reunión, expresión, manifestación pública (…), de ninguna manera una marcha de esta naturaleza podría considerarse ilegal a priori. Usted podría haber no tramitado un permiso y eso puede traer consecuencias en sí mismo, pero de ninguna manera una marcha puede considerarse ilegal, violaría la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos.
Si el Pride tenía todos los permisos,¿por qué se les quita la declaratoria de interés cultural?
- Creo que por un tema ideológico. La declaratoria se dio porque no hay ninguna norma jurídica que lo prohíba, pero una vez otorgada, pudo haber algún sector político que ejerciera presión a los temas relacionados con diversidad sexual y que posiblemente movió alguna que otra palanca en Zapote. Eso no responde a una valoración de legalidad o ilegalidad.
Hay excepciones a declaratorias de interés cultural. ¿Por qué a esta actividad sí se le otorga?
- A mí me parece que la anulación o la revocación del decreto no obedece a criterio legales y va en contravención explícita del reglamento. Existe un principio en el derecho público y constitucional que se llama intangibilidad de los actos propios, eso significa que cuando el Estado crea una situación favorable a los administrados no la puede revertir así nomás. Una declaratoria de interés público trae muchos beneficios a la organización de la marcha del orgullo y no puede decirse, así como si nada: ‘los quitamos’. Eso es un principio básico de seguridad jurídica. Si a mí el Estado me dice: ‘usted tiene un permiso’, no puede mañana decir: ‘ah, ya no’.
Es decir, ¿el Estado se expone a que cualquier persona accione por eliminar esa declaratoria?
- Es así, correcto. Para mí, anular la declaratoria de interés cultural no se apega al ordenamiento jurídico, violenta el principio constitucional de intangibilidad de los actos propios y, además, contraviene expresamente el reglamento (…). Esto expone al Estado a eventuales demandas de responsabilidad.
Pero el que firma no es el presidente Chaves, sino Jorge Rodríguez Bogle
- La Ley General de la Administración Pública y los dictámenes de la Procuraduría General de la República sí permiten que se deleguen las firmas para ciertos aspectos que no son jurídica y políticamente relevantes, es lo que en derecho administrativo se conoce como potestades de imperio, pero legalmente el que firma es el presidente, la responsabilidad sigue siendo de la Presidencia, porque es quien delega esa firma. Reitero, yo le puedo decir con seguridad que esta anulación es ilegal.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Tomada de internet
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Lunes 01 Julio, 2024
HORA: 12:00 AM
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