Aunque considera adecuado modificar las penas de prisión a líderes y cabecillas de organizaciones criminales que contraten menores de edad, Alfredo Chirino, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), aseguró que aumentar la pena máxima es peligroso.
Estas declaraciones las emitió durante su participación en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para referirse al expediente 24.194, Ley para agravar la penalidad del autor, instigador y cómplice que participe con personas menores de edad en la comisión de delitos.
Chirino dio su criterio en relación con la propuesta legislativa que pretende castigar con mayor fuerza a personas que instiguen o motiven a menores de edad a participar en delitos de crimen organizado.
Esto quiere decir que la pena podría ampliarse entre un tercio y un medio, dependiendo del delito en el marco de la delincuencia organizada.
El catedrático considera que el aumento literal de la pena máxima en Costa Rica es peligroso porque, en comparación con legislación europea o latinoamericana general, Costa Rica está entre los países que tienen la pena más alta.
“Cincuenta años es contraproducente y extender ese monto va a llevar a efectos más contraproducentes. No es el monto de la pena y el exceso de la pena lo que nos llevará a una solución en el tema del que estamos hablando, me parece que debemos concretar los esfuerzos, dirigirlos al fenómeno del crimen organizado”, declaró.
En relación con el tema de lo que plantea el proyecto, el catedrático aseguró que el aumento de las penas establecido en el proyecto de ley no debería estar dirigido a cabecillas de la organización criminal, sino a los líderes y capos que dirigen toda la organización.
“Lo ideal sería una pena mayor para los líderes de grupos criminales que hacen suya la organización criminal y que involucra a personas menores de edad. Sería mucho más efectivo atender de una manera más directa llegar al líder criminal”, agregó.
PREVENCIÓN
De acuerdo con Chirino, lo ideal sería a llegar a un “subtipo de castigo agravado” donde se defina un listado específico de delitos de crimen organizado y que reciban un monto de pena que podría hacerse más “gravoso”, según la naturaleza del delito.
Sin embargo, plantea que es necesario trabajar en una política criminal de carácter social preventivo y de prevención situacional, sobre todo en materia de impulsar proyectos de carácter social.
Asimismo, sostiene que las medidas de política social podrían ser mucho más efectivas, precisamente para evitar que las organizaciones criminales tengan población menor de edad con voluntad de integrarse a sus filas.
“Muchas familias ligadas a la actividad criminal como narcofamilias son el caldo de cultivo para que estas personas menores de edad se involucren cada vez más directamente en la actividad criminal relacionada con la narcoactividad, con el sicariato, que es una actividad conexa con el secuestro extorsivo, y por supuesto, con robos violentos”, explicó el catedrático.
Por este motivo señaló a los legisladores la necesidad de establecer la claridad del término “autoría mediata” para llegar a la persona que está detrás de todo; es decir, el que organiza la actividad criminal que permite la incursión de los menores de edad en el crimen organizado.
“Lo otro de llevar a unos aumentos de pena sustanciales que el proyecto tiene, que eventualmente podrían ser contraproducentes, es que se aplicarían a una generalidad de delitos que no tienen la peculiaridad de ser los que están listados en el contexto del crimen organizado”, advirtió.
El proyecto de ley recibe una serie de consideraciones por parte de expertos con la intención de afinar el texto y que sea aprobado por dicha comisión legislativa para llevarlo al plenario.
PERIODISTA: Allan Madriz
CRÉDITOS: Fotos: Daniel Johnson/Cortesía
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Viernes 28 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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