Durante la última semana, se ha visto cómo varios funcionarios judiciales han sido separados de sus cargos al figurar como sospechosos en causas penales.
Sin embargo, existe otra parte de los empleados que decide renunciar al Tercer Poder de la República por otros motivos. Según los datos brindados por la oficina de prensa de esta entidad, durante el año anterior 50 personas juzgadoras dimitieron de su puesto.
El Periódico del Pueblo conversó con Mario Piedra Díaz, exjuez del Tribunal Penal de Limón, quien además fungió como coordinador en dicha sede. Piedra comentó que una de las principales razones por las que él decidió apartarse fue debido a la crisis de legitimidad que sufre actualmente la administración de justicia.
“En el entorno que estamos viviendo es que la aplicación del Derecho que tenemos en este momento está superada por la realidad y situación que nos encontramos.
Este contexto en el que nos encontramos ha hecho que lo que debería ser sagrado en el Derecho, como lo son sus principios y la forma de aplicar criterios relacionados con las garantías de las personas, se haya ido transformando.
Las transformaciones en el Derecho se deben realizar precisamente con los cambios en las normas y no en interpretaciones que respondan a la situación de miedo y de vulnerabilidad que siente la sociedad y que siente la propia administración de justicia, que al no poder responder de la forma que la sociedad está esperando se siente en una situación de peligro e ilegitimidad ante las personas”, indicó el exjuez.
Esto quiere decir que, para el licenciado, la forma en que se está aplicando el Derecho en la actualidad no está funcionando para lo que se requiere hacer, y más bien se resuelve con miedo, ya que ante una interpretación equivocada se tiene una percepción negativa de la sociedad y un reclamo hacia la administración de justicia.
“Cuando una causa se vuelve políticamente noticiosa, se ejerce un sistema de presión a la persona juzgadora, y el principal valor que tiene el juez es la independencia judicial. Sin embargo, hoy en día la independencia judicial sufre una cuestión de clientelismo y esto tiene que ver con el juez que se enfrenta a un proceso donde la presión de la opinión pública es mayor, sabe que, si no resuelve lo que debe en razón de la opinión, va a tener consecuencias”, aseguró.
El exjuez incluso denunció que en el Poder Judicial abren procesos cuando se resuelve algo que no les gusta. “Es muy fácil que el Poder Judicial, cuando resuelven algo que no le gusta, abra procesos de oficio en contra de las personas juzgadoras o que el propio Ministerio Público empiece a investigar a las personas juzgadoras, porque están resolviendo lo que no les gusta, esas son presiones que no deberían estar en la Judicatura”, aseveró.
Ante esta declaración, DIARIO EXTRA consultó a la Suprema Corte de Justicia si este tipo de situaciones de procesos disciplinarios por resoluciones se estaban dando, a lo que estos explicaron que se abre un proceso cuando hay anomalías, pero no de forma antojadiza.
“En el Poder Judicial el régimen disciplinario se encuentra normado en el Título VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus reformas, Ley Nº 7333, encontramos la base normativa en los artículos 174 a 215, así como las competencias de los órganos internos, el procedimiento a seguir, las sanciones aplicables en cada supuesto, así como otros aspectos inherentes a esta materia.
El Tribunal de la Inspección Judicial aplica el régimen disciplinario sobre las personas servidoras judiciales, excepto los que por ley son competencia exclusiva de Corte Plena. Se entienden como funcionarios y servidores judiciales, todo aquel personal profesional, técnico y administrativo que conforma las diferentes oficinas de los distintos ámbitos que conforman del Poder Judicial (art.184 LOPJ).
El Tribunal de la Inspección Judicial tiene la potestad de remitir a los Jefes de Despacho todos aquellos asuntos cuya gravedad según una apreciación prima facie, no implique eventualmente ser sancionados con una suspensión sin goce de sueldo superior a los 15 días, según lo señalado en el numeral 185 de la LOPJ”, aseguraron.
REALIDAD ECONÓMICA
Aunque Piedra dijo que los salarios para los jueces son competitivos, aseguró que la modificación a la Ley de Pensiones ha afectado psicológicamente a los encargados de impartir justicia, por el cambio de la realidad de vida.
“Cuando se dio la reforma fiscal, el Poder Judicial, reconociendo la cúpula y la naturaleza especializada de la función, para no verse afectada por la opinión de la sociedad estuvo de acuerdo de meter al Poder Judicial en la reforma fiscal y eso afectó los salarios de los jueces y de todo el mundo.
Se puede vivir con ¢5 o ¢100, pero vivís con lo que se tiene, cuando te cambian la realidad de vida con la que se subsiste, se afecta a las personas. Súmele a eso que el Poder Judicial es el régimen de pensiones que más capital entrega por persona mensualmente para ese elemento, durante la última reforma de la Ley de Pensiones dejó a cualquier cantidad de personas en un limbo donde ya pensaban que estaban a punto de pensionarse y que ahora van a tener que trabajar hasta cinco años más, personas que ya perdieron su interés de ser funcionarios, porque la expectativa que tenían de dejar el Poder Judicial se les transformó trabajando”, finalizó.
POSICIÓN DE LA CORTE
El Periódico del Pueblo conversó con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien dijo que en la mayoría de los casos los jueces renuncian para volver a otros puestos.
“La renuncia de los jueces, con alguna frecuencia se presenta o se aborda de forma global. Si nosotros vamos a ver quiénes han renunciado, podemos tener una cantidad importante de renuncias, pero muchas veces se trata de personas que dimiten a un nombramiento o a un puesto de juez con el propósito de regresar a donde estaban con anterioridad”, respondió Aguirre.
El presidente de la Corte sí reconoció que hay una cierta cantidad de juzgadores que se van de la institución con el fin de trabajar en el sector privado.
“Hemos venido apreciando renuncias de personas que sí se van del Poder Judicial porque se van a trabajar al sector privado. Esto a nosotros nos afecta en dos sentidos, el primero, que perdemos un recurso valioso; personas que ya tienen experiencia y nos afecta porque si bien es cierto los podemos reponer, porque existe mucha oferta en el mercado, no siempre los reponemos con personas que tienen experiencia”, comentó.
Ante la consulta de si considera que la ley de las finanzas públicas ha venido a ser una “zancadilla”, para el Poder Judicial, Aguirre comentó: “Yo no lo veo como una zancadilla, porque esa palabra la utilizaríamos como para hablar de fraude.
El tema del fortalecimiento de las finanzas públicas, el tema del empleo público, se ha enfocado como una necesidad para poner orden al endeudamiento público; lo que pasa es que no se puede medir a todos los sectores públicos con la misma vara. Obviamente, el Poder Judicial encarna y realiza uno de los valores más importes del Estado de derecho”, consideró Aguirre.
Consultamos a la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) su opinión acerca de esta problemática, sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta.
PERIODISTA: Andrés Ulloa
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta y Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Jueves 27 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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