Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 47 allanamientos para desarticular una banda conformada por 54 personas que se dedicaba a realizar fraudes registrales. El objetivo era detener a 42 de los implicados y se logró ubicar a 35.
Randall Zúñiga, director de la entidad, señaló que la organización criminal aprovechaba una laguna jurídica para adquirir propiedades. “Una de las modalidades que tenían era aprovechar un vacío legal que se dio con la publicación de la Ley de Personas Jurídicas, la cual generaba un impuesto que algunas sociedades no pagaron.
Esto permitía que las personas nombraran ficticiamente liquidadores judiciales para poder saldar las propiedades y, de esa manera, apropiarse ilegalmente. Posteriormente, vendían los activos a personas de buena fe”, comunicó.
GRANDES LUJOS
El gran poder adquisitivo que tenía la organización llama la atención de los investigadores, ya que en un solo día invirtieron $13 millones en bitcoin, lo que equivale a ¢6.807.127.600.
Además, se estima que poseía alrededor de 300 propiedades de gran valor. “Solamente una (…) está valorada en $30 millones. Está ubicada en Playas del Coco, este es un desarrollo inmobiliario bastante importante. Estamos hablando de 187 filiales que se quieren realizar allá”, aseguró Zúñiga.
TRANSPORTE PÚBLICO
Esta banda al parecer utilizaba buses de las rutas de Tambor, Barrio San José de Alajuela y Caldera-Puntarenas, así como servicios especiales. Para conseguir los autobuses se presume que la agrupación contactó a cinco oficiales de la Policía de Tránsito, los cuales realizaban partes a otras empresas.
“De acuerdo con la investigación, los policías realizaban infracciones a líneas de buses para que posteriormente un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) se adueñara de las líneas”, agregó el director del OIJ.
Estos oficiales fueron detenidos a las afueras de la Dirección General de la Policía de Tránsito e incluso se revisaron las patrullas en las que pretendían salir a trabajar.
CABECILLAS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
El grupo criminal contaba con dos líderes de nacionalidad española, uno de apellido Gómez, de 42 años; otro de apellido León, de 41 años, quienes en apariencia eran los encargados de ver las propiedades y efectuar los negocios para que después 12 notarios realizaran los trámites legales. También utilizaría a funcionarios del Poder Judicial para cometer los delitos.
“Detuvimos a un juez de la República de apellido Venegas. Él trabajaba en el Juzgado de Desamparados. Esta persona no solamente le daba asesoría a la banda, sino que en apariencia facilitaba sus empresas tipo outlet para presuntamente realizar legitimación de capitales.
Los tres funcionarios judiciales que se están deteniendo son un técnico de Archivo Criminal, un técnico judicial del Juzgado de La Unión y un técnico de la Defensa Pública que se está deteniendo por consultar el caso en investigación.
Además, se detuvo a un juez ya pensionado y a un exfuncionario del OIJ; este último se dedicaba a consultar bienes o personas en las bases del OIJ”, detalló Zúñiga.
También incautaron 38 carros, 13 buses, gran cantidad de relojes de alto valor, dinero en efectivo y un arma AR-15.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Posterior a los allanamientos, los jerarcas del Poder Judicial brindaron una conferencia de prensa donde manifestaron estar dispuestos a trabajar juntos para combatir la problemática que afecta a Costa Rica.
“Estas labores son en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial. De manera separada no hubiéramos logrado esto. Haciendo el análisis de cada uno de estos casos encontramos un común denominador y esto nos llevó a transitar este caso a través de la vía y Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”, señaló Carlo Díaz, fiscal general.
POLICÍA DE TRÁNSITO
El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda, externó que no van a permitir estas situaciones. “Tras la detención de los cinco oficiales, el mensaje es muy claro desde esta institución: cero tolerancias con temas de corrupción, seguimos trabajando en esa línea para una mejor imagen y servicio de esta Policía de Tránsito”, recalcó.
POSIBLE HOMICIDIO
Las hipótesis judiciales señalan que la muerte de un hombre identificado como Manuel Álvarez Méndez, que desapareció en 2018 y en apariencia fue asesinado por problemas registrales, podría estar ligada a esta organización, no obstante, el director del OIJ aseguró que de momento no se puede confirmar la versión.
PERIODISTA: Andrés Ulloa
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval, Isaac Villalta y cortesía
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Miércoles 26 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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