La propuesta de Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, de cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS) carece de sustento técnico, según su director Jorge Torres.
De acuerdo con la legisladora, en la exposición de motivos de la propuesta, diversos sectores han denunciado por muchos años actividades de persecución y espionaje de la DIS.
Asimismo, plantea que los recursos girados a esa institución pueden emplearse a la seguridad ciudadana, ya que tiene un presupuesto anual que supera los ¢3.180 millones.
Sin embargo, Torres señala que las afirmaciones en los motivos del proyecto no son acertadas y tienen argumentos que no son válidos.
“Esta propuesta carece de criterio técnico, ya que las funciones de la DIS por su especialización son incompatibles con las funciones de una policía judicial y represiva”, manifestó.
Por otra parte, el proyecto de la diputada Vindas señala que este es un cuerpo policial que funciona sin ningún tipo de control y tampoco hace rendición pública de sus labores.
Sin embargo, el director de la DIS asegura que el argumento es inválido porque deben rendir cuentas, según lo demanda el ordenamiento jurídico nacional.
No es la primera vez que se presenta una propuesta de ley con la intención de poner fin al funcionamiento de este cuerpo policial adscrito a la Presidencia de la República, pero hasta la fecha ninguno ha logrado tal objetivo.
Un total de seis propuestas se registran desde 2008 con el objetivo de cerrar la DIS, la última bajo el expediente 20.411, que fue archivado por un vencimiento de plazo cuatrienal.
Muchos de los cuestionamientos de las iniciativas de ley anteriores están relacionados con temas presupuestarios y representan una amenaza para los derechos fundamentales de la intimidad y libertad de las personas, así como un “secretismo” en la función de esta “policía política”.
En relación con el expediente 24.094, impulsado por Vindas, la Corte Suprema de Justicia señala que el proyecto incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, lo que supondría una vulneración del principio de división de poderes y una carga presupuestaria.
Torres afirmó que impulsar esta iniciativa en momentos que la criminalidad está en aumento representa debilitar esfuerzos interinstitucionales.
“En momentos en que abordar el fenómeno de criminalidad implica esfuerzos desde los diferentes ámbitos y un abordaje multidisciplinario e interinstitucional, que abarque no solo acciones represivas (…) no se debe pensar el debilitar el servicio de inteligencia, sino más bien fortalecerlo”, agregó Torres.
PROPUESTA
El proyecto pretende una sustitución de una policía política y que las competencias de la DIS se reasignen a cuerpos policiales de Seguridad Pública o del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Asimismo, sugiere que la policía fronteriza tendría las capacidades para asumir el resguardo de la integridad territorial de país y el OIJ las funciones relacionadas con investigación criminal.
Por otra parte, los recursos y bienes de la DIS se dirigirían a los cuerpos policiales de Seguridad Pública.
Un tema fundamental relacionado con la propuesta del cierre de la DIS es qué pasaría con todos los archivos y expedientes que maneja la entidad, si deberán entregarse a Seguridad Pública, que trasladaría al Ministerio Público los relacionados con investigaciones penales.
“Los documentos declarados como secreto de Estado en poder de la DIS pasarán al poder del Ministerio de Seguridad Pública”, señala la propuesta.
Un reciente criterio de la Procuraduría General de la República determinó que el tema de un eventual cierre de la DIS es competencia única de los diputados.
PERIODISTA: Allan Madriz
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Miércoles 19 Junio, 2024
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