Durante las últimas semanas varias investigaciones judiciales han evidenciado que grupos ligados al crimen organizado han sido entrenados por expolicías.
Fernando Ramírez, director general del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICT), reconoció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que existen “academias” en las que funcionarios policiales están “entrenando” jóvenes para que se dediquen al sicariato.
“A través de redes sociales se observa que, en apariencia, se están generando en nuestro país escuelas o academias de expolicías o exagentes de la Policía que se están dedicando precisamente a entrenar personas para darle muerte a otras por un pago o promesa remuneratoria”, indicó.
Del mismo modo, investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que exfuncionarios de ese grupo han dado entrenamientos a presuntos sicarios en la manipulación de armas y en tácticas militares.
“A pesar de que el OIJ tiene documentado dentro de la investigación quienes son los exagentes y la banda criminal asesorada, las autoridades todavía no pueden ejecutar su detención o avanzar con el proceso, debido a que existen dudas sobre el delito en el que pudieron haber incurrido los exfuncionarios. Hay un tema de tipología penal que todavía estamos tratando de solventar, hay situaciones entorno a esto y es lo que queremos dilucidar”, manifestó Randall Zúñiga, director de esa institución.
REFORMA
Con ese panorama, Fabricio Alvarado, diputado del Partido Nueva República presentó el expediente 24.404, el cual propone una reforma al artículo 281 del Código Penal.
Así, se plantea una pena de prisión de 10 a 15 años a todo funcionario de los diferentes cuerpos policiales que, aprovechándose de sus conocimientos y posición, entrene o asesore a individuos o grupos en técnicas para el homicidio por precio (sicariato), promesa remuneratoria o cualquier otra actividad delictiva organizada.
Adicionalmente, se impondrá inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas por un período de 20 años.
La misma pena e inhabilitación tendrán los exoficiales de los distintos cuerpos policiales que se sumen a las actividades delictivas antes mencionadas.
Actualmente, la ley solo establece penas de prisión de uno a seis años, a quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, sin embargo, el proyecto lo enfoca en actividades como narcotráfico o sicariato, entre otros.
“Es preocupante que existan estas agencias y que quienes entrenan son funcionarios policiales o judiciales (…). Estas acciones son de alta peligrosidad y nos preocupa en sobremanera (…). Es completamente repudiable que pocos funcionarios inescrupulosos y cínicos tomen la información que les han dado y la usen con un fin contrario.
Son capacitaciones que cuestan millones de colones a los costarricenses y estos detestables los usan para entregárselos a quienes están desangrando al país, ¡no se vale! Esta gente no merece la menor de las consideraciones, esta gente no debe quedar en la impunidad”, dijo Alvarado ante el Plenario.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Sábado 29 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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