Honduras. (AFP) - Honduras aún tiene un largo camino por recorrer para desmantelar el “narcoestado” que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, encarcelado esta semana por contrabandear toneladas de cocaína a Estados Unidos, dijeron expertos a la AFP.
Hernández, de 55 años, pasó años en posiciones de poder coqueteando con capos de algunos de los carteles más notorios de América Latina, que colocaron representantes en instituciones estatales mientras él se embolsaba millones de dólares en dinero del narcotráfico.
Extraditado a Estados Unidos al dejar el cargo en 2022, Hernández fue sentenciado esta semana a 45 años de prisión por sus crímenes después de que los fiscales dijeran que convirtió a su país en un “narcoestado”.
“Es imposible eliminar el narcoestado que Juan Orlando construyó en dos años”, dijo Mike Vigil, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), a la AFP.
La primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó al poder con la promesa de combatir el narcotráfico, la corrupción y la pobreza en un país que está perdiendo grandes cantidades de ciudadanos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos.
Heredó una nación donde jefes de policía, soldados, jueces, empresarios, alcaldes y legisladores tenían vínculos con redes del narcotráfico.
“El mundo de la droga puso sus peones dentro de la maquinaria estatal”, dijo a la AFP la abogada de derechos humanos Reina Rivera.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció recientemente que la detención de Hernández significó que “la estructura criminal fue decapitada”, pero “el cuerpo sigue funcionando”.
INSTITUCIONES INFILTRADAS
Hernández fue condenado en marzo por facilitar el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a través de Honduras hacia los Estados Unidos desde 2004, una década antes de convertirse en presidente.
Usó el dinero de la droga para financiar su campaña política y cometer fraude electoral, dijeron los fiscales, todo ello mientras se presentaba como un defensor de la guerra contra las drogas.
Su sucesor Castro “tiene que gobernar con las estructuras con las que gobernó Hernández”, con instituciones que fueron infiltradas por los carteles, dijo el sociólogo Pablo Carias.
Dijo que si bien nadie puede acusar a Castro de estar involucrado, siguen circulando rumores acerca de que altos funcionarios están involucrados en actividades ilícitas.
Vigil afirmó que el tráfico de cocaína desde Colombia a través de Honduras sigue prosperando, pero que el país ya no es un mero punto de tránsito.
Agregó que los cultivos de coca comenzaron a surgir en las montañas hondureñas en 2017 y ahora hay laboratorios que producen drogas en el lugar.
Estos son manejados por grupos narcotraficantes hondureños que colaboran con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de México, dijo Vigil.
RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
Una de las primeras medidas de Castro en el cargo fue derogar la Ley de Secretos, que clasifica los documentos de seguridad pública y defensa y que, según sus críticos, fue utilizada para ocultar la corrupción.
Ha revelado una serie de medidas antinarco y ha ordenado la captura de aquellos buscados para su extradición a los Estados Unidos, ofreciendo recompensas por información sobre el paradero de los narcotraficantes más buscados.
La maniobra funcionó: una recompensa de $40.000 permitió capturar en junio a un aliado clave de Hernández, Mario José Calix, un ex vicealcalde.
El ministro de Seguridad afirmó que 17 presuntos narcotraficantes fueron extraditados desde que Castro llegó al poder.
“Ella ha tratado de reconstruir el aparato estatal”, con aliados a quienes no se les puede acusar de vínculos con los carteles, manifestó Rivera.
Pero “muchos jefes de policía siguen ahí”, al servicio de los carteles, añadió.
Vigil comentó que extraditar a los peores narcotraficantes a los Estados Unidos era clave para impedir que operaran con impunidad en Honduras. A pesar de los esfuerzos de Castro, Human Rights Watch (HRW) informó en su informe global de 2024 que ella “no había cumplido en gran medida su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en Honduras”.
Los problemas del narcotráfico en el país se desarrollan en un contexto de niveles de pobreza que alcanzan a casi el 80% de la población y una de las tasas de homicidios más altas de América Latina.
“Honduras sigue enfrentándose a... corrupción sistémica, interferencia política en el sistema de justicia” y ataques letales contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, afirmó HRW.
