¿Madre Patria o desorden patrio?

Editorial

El más reciente megacaso judicial denominado Madre Patria nos llama a la reflexión sobre la facilidad con la que se puede cometer un fraude registral en Costa Rica.

Se presume que este grupo no solo lograba mover propiedades de personas con vida, sino de fallecidos, con la participación de quienes más bien deberían ejercer una defensa legal.

Es por eso que no podemos dejar de preguntarnos qué tan sencillo es perder una propiedad mediante esta modalidad… ¿Qué dice el Registro Nacional?

Resulta que nos dimos a la tarea de averiguarlo y la Dirección Notarial informa que no implica ningún grado de complejidad, pues los abogados se amparan en la fe pública.

Frente a este escenario, cualquiera que tenga un inmueble corre el riesgo de perderlo y la única recomendación es que el propietario esté en constante revisión.

Como resulta evidente, estamos hablando de un caso de falsificación de documentos donde lamentablemente la mayoría de las víctimas eran adultos mayores y esto no se trata de un hecho aislado.

Resulta que esta población y los extranjeros son los más propensos a ser las víctimas por este delito, que adicionalmente se relaciona con actividades de lavado de dinero.

Y es que este megacaso no se asocia con cinco o diez propiedades, sino con un total de 300, transando en un solo día $13 millones. Todo esto nos pone a dudar de nuestra seguridad jurídica.

Deberíamos ir pensando en mecanismos más allá de una aplicación que impida que este delito se configure de una manera tan sencilla y con tan pocos controles.

El fraude registral no es más que robo descarado y no debería ser penado con una simple suspensión. A este tipo de abogados habría que quitarles la licencia de por vida.

La fe pública garantiza la autenticidad de los documentos públicos y con ello otorga seguridad al trámite jurídico. Es por todo esto que lo ocurrido resulta contrario a la confianza que las personas depositan sobre el sistema.

Más preocupante es que solo hay 7 fiscales para supervisar la gestión de 9.000 notarios. Sin embargo, también hay una insuficiencia por parte del Estado.

Pena ajena debería darnos que más de 10 funcionarios judiciales hayan sido detenidos por distintos casos asociados a corrupción y esta no es la excepción.

Repiten también jueces y oficiales de Tránsito, tal cual se ha visto recientemente en otros expedientes judiciales. Esperamos que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda continuar con esta “limpia”.

Aquí estamos hablando de que presuntamente existen más de 40 personas involucradas, eso implica que podría haber más notarios y abogados implicados sin que aún se sepa de su participación.

¿Cómo podemos confiar en un sistema que constantemente nos está demostrando fallas? Nada hacemos con escandalizarnos con el Madre Patria, si más bien lo que hay es un desorden patrio.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 29 Junio, 2024

HORA: 12:00 AM