La ley que permite la intervención de teléfonos para investigar casos de personas desaparecidas ya fue aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa y solo espera la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El proyecto se aprobó con el apoyo unánime de los 41 legisladores presentes en el plenario al momento de la votación.
Para que entre en vigencia debe ser firmado por el Poder Ejecutivo y de esa manera las autoridades judiciales podrán solicitar intervenir teléfonos en casos de desaparición de personas.
Cabe señalar que este es uno de los aportes más importantes del proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en abril del año pasado, el cual es parte de la lista de prioridades que determinó la mesa de trabajo de los tres poderes en materia de seguridad.
DIARIO EXTRA consultó a Mario Arias, especialista en delincuencia y anticorrupción, para conocer si esta nueva ley aportaría de manera positiva para resolver delitos.
“La nueva Ley 23.690, Ley de Modernización de la Intervención de las Comunicaciones, que amplía la posibilidad de intervenciones telefónicas en investigaciones judiciales, representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado.
Por un lado, las intervenciones telefónicas han demostrado ser una herramienta poderosa. Permiten a las autoridades obtener evidencia crucial que de otra manera sería inaccesible. Este tipo de intervenciones, cuando se aplican de manera adecuada, pueden llevar al desmantelamiento de organizaciones delictivas complejas”, explicó Arias.
NO PREVIENE DELITOS
De igual manera, agregó que la capacidad de escuchar y registrar comunicaciones entre miembros de una banda puede proporcionar detalles esenciales sobre sus operaciones, estructura y planes futuros.
“Sin embargo, la efectividad de esta medida tiene una limitación inherente: se utiliza principalmente después de que el delito ya ha sido cometido. Es decir, mientras las intervenciones telefónicas son útiles para resolver crímenes y atrapar a los culpables, no abordan la cuestión fundamental de la prevención.
En este sentido sigue existiendo una gran deuda en términos de prevenir los delitos más variados antes de que ocurran. Es por ello que el país necesita contar con una verdadera dirección de inteligencia policial”, agregó.
El experto señala que la recomendación anterior permitiría una coordinación más eficaz y una respuesta más rápida ante las amenazas del crimen organizado y otras actividades delictivas.
“Una dirección de inteligencia policial robusta no solo mejoraría la capacidad en dichas intervenciones telefónicas y otras formas de vigilancia, sino que también fortalecería las estrategias preventivas y la colaboración internacional”, acotó.
El experto recuerda que la prevención del crimen debería ser una prioridad igual de importante que la persecución y el castigo de los delitos.
“La ley tiene como objetivo modernizar y ampliar las capacidades de intervención telefónica en investigaciones de delitos graves como extorsión, homicidio simple y desapariciones forzadas, siempre que haya indicios de que la ausencia de una persona fue precedida por un delito”, manifestó.
Es importante manifestar que dicha ley permitirá a las autoridades responder de manera más eficaz y rápida a estas situaciones críticas.
La inclusión de delitos adicionales como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, femicidio, corrupción y terrorismo, junto con los delitos previstos en la Ley No.7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, refuerza la capacidad de las autoridades para abordar una amplia gama de actividades criminales.
“Este enfoque es especialmente útil en casos de delincuencia organizada y tramitación compleja, donde las operaciones pueden ser prolongadas y sofisticadas”, finalizó.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Jueves 27 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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