Para Maylin Mora, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), el tema de las 188 hectáreas de zona boscosa que la Sala Constitucional le ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) delimitar dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ya está resuelto.
Ante los cuestionamientos planteados por Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, en la Comisión Especial de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, Mora afirmó que se trata de terrenos privados.
Robles consultó directamente sobre la Ley 9223, de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Cariber Sur, la cual, dijo, fue declarada inconstitucional en cuanto a límites del refugio.
Ante esto Mora respondió que dicha normativa no fue declarada inconstitucional, sino que señaló se debían revisar 188 hectáreas excluidas del área protegida, de acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República.
“Una vez que se va a campo y se revisa qué es lo que hay en esas 188 hectáreas, se determina que las áreas pertenecen a propietarios privados, por lo tanto no fue necesario que la Procuraduría iniciara ningún proceso de lesividad porque no se encontró patrimonio natural del Estado”, aseguró.
De acuerdo con Mora, el voto de la Sala IV lo que dijo fue que de las hectáreas en cuestión el Sinac debía determinar qué era bosque y qué no.
Sin embargo, esa respuesta no satisfizo a Robles, quien replicó: “Lo que ustedes me están diciendo es que no van a hacer nada por recuperar las 188 hectáreas que fue resuelto por la Sala Constitucional que le toca recuperar”.
No obstante, Mora dijo que los informes del Sinac al respecto fueron entregados al Tribunal Constitucional en 2020 y el caso se archivó
HUMEDALES
Robles cuestionó además por qué a partir de recientes estudios del Sinac en la zona se pasó de 165 hectáreas certificadas como humedales a solo 73.
A esto la directora del Aclac contestó que ello se debió a una interpretación errónea de un informe técnico previo del Sinac, emitido en 2021, el cual, dice, no fue realizado con la metodología oficial.
“Cuando la Sala nos pide atender la sentencia se toma ese informe porque fue insumo generalizado de la Zona Marítimo Terrestre y se le aplica la metodología (adecuada) a lo que determina el informe”, manifestó.
De igual modo, la diputada Rocío Alfaro consultó sobre el Caso Comején y presuntos permisos irregulares otorgados por dependencias del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) para tala de árboles.
Esa consulta no fue respondida por el ministro Franz Tattenbach amparándose en que el caso está en investigación.
PERIODISTA: William Aguilar
CRÉDITOS: Foto: Catalina Mairena
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Miércoles 26 Junio, 2024
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