Niñez y prioridades municipales
Lorelly Trejos Salas*
Nadie puede negar que la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) ha sido una de las leyes más importantes promulgadas por la Asamblea Legislativa en los últimos diez años. Desde su génesis, este proyecto nacional fue pensado con el propósito de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articulara las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral.
Dentro de los servicios que este sistema ofrece se encuentran los centros de educación y nutrición y los centros infantiles de atención integral, de la Dirección Nacional de Cen-Cinai del Ministerio de Salud, y los centros de cuido y desarrollo infantil gestionado por las municipalidades, más conocidos como Cecudi. Y es sobre esta última modalidad que pretendo hacer un especial énfasis. El Cecudi es más que una guardería: representa en la inmensa mayoría de los casos la única alternativa comunal que poseen cientos de niños y niñas para iniciar su desarrollo como seres humanos.
Hoy día, más de 3.000 niños y niñas entre los cero y siete años de edad son atendidos apropiadamente en estos centros, se les cuida durante el día, reciben hasta cuatro tiempos de alimentación y materiales educativos. Se han convertido en espacios de contención, esparcimiento y socialización. Pero no solo las personas menores de edad son los beneficiarios de este programa. Los padres de familia, pero fundamentales mujeres solas o jefas de hogar, tienen la oportunidad de acudir al servicio de estos centros a fin de que, mientras les atienden a sus hijos e hijas, puedan aprovechar el tiempo para estudiar, trabajar o bien, buscar empleo. Esto significa entonces una doble vía de atención, protección y otorgamiento de oportunidades a quienes el Estado se debe volcar en sus programas.
No obstante su incuestionable labor social, los Cecudi enfrentan algunos problemas que afectan su operatividad y ponen en entredicho la apertura de más y nuevos centros. Por ejemplo, a pesar de que la Ley 9.220 asegura su permanente financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), hay muchas municipalidades que tienen dichos recursos sin utilizar, ociosos, sin invertir en la edificación y/o equipamiento de los centros. Adicionalmente, existen trámites administrativos lentos y procesos de contratación engorrosos que hacen que la efectiva entrada en funcionamiento de un Cecudi conlleve incluso hasta años.
Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), citados recientemente por un medio de comunicación nacional, actualmente operan 56 centros en todo el país, 21 se encuentran en proceso de apertura y 24 en fase de construcción. Como diputada de la República aplaudo a esos 56 centros pero me preocupa el resto. Por cada Cecudi que no abre por falta de interés de los ayuntamientos, se revictimiza a un niño o niña que vive en condiciones de pobreza y falta de oportunidades. Por cada Cecudi que no funciona por omisión e inoperancia, se vulneran derechos fundamentales que pertenecen a nuestra niñez y adolescencia. Por cada Cecudi que no brinda sus servicios, este país incumple con obligaciones jurídicas contraídas internacionalmente.
Por lo tanto, a escasos días de celebrar las elecciones para escoger a las nuevas autoridades municipales, creo propicio hacer un vehemente llamado a todas aquellas personas que, a partir del próximo mes de mayo, tendrán en sus manos el destino de 81 cantones, 467 distritos y 8 concejos municipales de distrito, a fin de que coloquen la atención infantil como uno de sus temas prioritarios de gestión, que sean eficientes a la hora de administrar los recursos y programas dirigidos hacia la niñez, que fomenten la apertura de centros de cuido y desarrollo infantil según las necesidades particulares de cada familia y región. A los que participemos como electores revisemos el entorno y hagamos revisión y solicitemos rendición de cuentas, en esa revisión y análisis veamos las razones por las cuales no funciona ese Cecudi que aún permanece, cerrado, si es por la falta de gestión del alcalde o alcaldesa, o es por la intromisión política irresponsable de regidores o concejos municipales que oponiéndose por oponerse, sin fundamento y con total irresponsabilidad política y social impiden se materialicen los proyectos en proceso o en ejecución final.
A los electos los invito a que se informen y asesoren con funcionarios de la Secretaría Técnica de la Redcudi, capacítense en los talleres sobre procesos de habilitación y operación de los Cecudi municipales. No olviden que serán los representantes de sus vecinos en los gobiernos locales, lo que supone, indefectiblemente, la defensa de los intereses y aspiraciones de la población infantil que habita en sus comunidades. Está en ustedes asegurar una mejor calidad de vida para los más pequeños y pequeñas.
*Diputada
