El pasado 18 de abril entró a regir el acuerdo 2016-132 para las empresas de seguridad privada (persona física o jurídica), que deseen utilizar cualquier tipo de arma de fuego permitido por la ley.
Dicho acuerdo fue pensado a raíz de una serie de accidentes con las armas de las empresas de seguridad privada, como el robo de las mismas y el traslado hacia Panamá en muchos de los casos.
Entonces una comisión del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), hizo un análisis y en conjunto con la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hicieron un diagnóstico sobre la problemática del uso de armas en empresas privadas que tienen incluso consecuencias legales de responsabilidad civil para quien contrata una persona que las usa, riesgo que no estaba contemplado en la normativa.
Esta comisión recomendó al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, la redacción de un acuerdo para sensibilizar en el tema y hacer una evaluación de riesgos de seguridad de previo a contratar los servicios armados.
Es por ello que en setiembre se emite una regulación y se hace el acuerdo 2016-132 que establece que toda persona física y jurídica que tenga interés en los servicios armados, debe previamente hacer una evaluación de seguridad para determinar por cada puesto y servicio en donde se va a requerir el uso de un arma de fuego.
Según Roberto Méndez, director de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP, esta regulación contemplaba un plazo para las evaluaciones que era de tres meses, plazo que se decidió dejar en suspenso porque el acuerdo mismo procuraba preparar el documento de evaluación, a las personas encargadas y los talleres.
“La fase de implementación incluyó un taller para preparar profesionales entre ellos criminólogos y capacitarlos en el uso de herramientas cuyo modelo es de Asís, que certifica profesionales a nivel internacional.
Por ello, al no haber un modelo de análisis que permitiera calcular si se requería o no de un arma, se tuvo que usar el de Asís y tropicalizarlo porque es un modelo de evaluación de riesgos de seguridad generales, no específicos.
Ahora hay cerca de 100 evaluadores y por ello las empresas que van a ofrecer los servicios deben ser evaluadas, por ende, deben contratar a los evaluadores que dirán si pueden o no utilizar armas”, acotó Méndez. Lo anterior era lo que detenía la aplicación, pero desde este 18 abril que entró en vigencia el acuerdo 132, las empresas que deseen tener armas de fuego en sus puestos de trabajo deben contratar la evaluación.
EXCEPCIONES
El 132 exime a tres modalidades de seguridad que no están dentro del cumplimiento del acuerdo y que pueden usar armas de fuego en el servicio a saber: transporte de valores en vehículos blindados, el servicio de protección y custodia de transporte de productos comestibles y líneas de distribución de productos electrodomésticos y otros. Lo anterior por los casos de robo de contenedores y otros, además el servicio de seguridad y protección personal o guardaespaldas; todos los anteriores no entran en el 132.
REQUISITOS
Cabe señalar que nadie, ni el acuerdo mismo dice que se prohibirán las armas de fuego, lo que dice es que con uso del sentido común y de un instrumento técnico se puede dar autorización para el uso de un arma de fuego.
Por ello los requisitos para que un negocio opte por ello son:
Ver ¿qué tipo de negocio es?, si es de corte comercial, hospital, tienda, centro comercial.
¿Qué bienes tiene para proteger?
Contra ¿qué riesgos los debe proteger?, si el riesgo es asalto, robo, incendio.
¿Cómo los protegerá?
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Sábado 29 Abril, 2017
HORA: 12:00 AM
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