Managua. (EFE) - Dos comisiones del Parlamento de Nicaragua recomendaron pasar al plenario, de mayoría sandinista, la polémica Ley de Seguridad Soberana, que para la oposición pone en riesgo las garantías individuales en el país.
Tanto la agrupación de Justicia como la de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, ambas controladas por el oficialismo, aconsejaron al plenario aprobar esa controvertida legislación propuesta por el gobierno a finales de octubre.
"El dictamen ha sido firmado favorablemente por los integrantes de ambas comisiones", dijo la presidenta de la Comisión de Justicia, Irma Dávila.
Los diputados de la opositora Bancada Partido Liberal Independiente (Bapli) se reservaron el derecho de presentar un dictamen de minoría, para lo cual tienen tres días, aunque eso no detiene la discusión ante el pleno del Parlamento, explicó.
El Gobierno de Nicaragua alegó que es beneficiosa porque, entre otros, establece como "amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones".
El texto también propone como nuevas amenazas la delincuencia organizada transnacional e ilícitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional, todo acto de financiación de organizaciones terroristas y la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense.
En estos últimos años Nicaragua enfrenta litigios limítrofes con Costa Rica y Colombia que se ventilan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Además incluye como amenazas genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima, y ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura.
Asimismo, acciones severas de impacto ambiental, catástrofes y cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas.
Las distintas acciones estarán bajo "observancia" del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, compuesto por ocho instituciones que están bajo el Poder Ejecutivo, entre ellas el Ejército, la Policía y la Procuraduría.
"Lo que persigue esta ley es darle mayor seguridad al pueblo, que es el soberano", dijo Dávila, para quien esa iniciativa responde "a las realidades y a las necesidades del país, porque la soberanía va más allá de la defensa del territorio".
El presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, el opositor Luis Callejas, se opuso bajo el argumento de que "militariza los organismos civiles".
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Martes 17 Noviembre, 2015
HORA: 12:00 AM
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