La Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realiza una investigación preliminar, ante una denuncia planteada por Wainer Castillo, quien asegura que su padre falleció luego de que le implantaran una válvula aórtica Bjork Shiley, comercializada por la empresa Pfizer.
El dispositivo se rompió, ocasionándole la muerte.
El enojo de Castillo radica en que la firma farmacéutica, pese a conocer que el dispositivo presentaba problemas, igualmente lo comercializó y vendió 84 mil a diversos sistemas de seguridad social en todo el mundo.
Su papá fue uno de los pacientes a quienes por los problemas cardiacos que padecía se le implantó uno en el Hospital México, en 1983. Ese mismo año falleció.
En la queja planteada ante la CCSS apeló a un asunto de derechos humanos y al respecto María Eugenia Villalta, gerente médica de la CCSS, aseguró que la indagatoria es preliminar para determinar si cabe una investigación administrativa.
“Los derechos humanos son imprescriptibles. La Gerencia está haciendo la investigación y le estamos diciendo al Hospital México que suministre información. Cuando venga la información, la abogada la revisará y verá si procede abrir una investigación administrativa”, recalcó Villalta.
Al mismo tiempo dijo que el proceso de indagación es para generar tranquilidad a la familia.
LOS HECHOS
Castillo detalló que una investigación efectuada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos años atrás reveló que la válvula distribuida era una reconstrucción de “chatarra” y al parecer Pfizer habría presentado información falsa a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para obtener su aprobación.
Como si eso fuera poco no corrigió los defectos detectados en el diseño, habría falsificado números de identificación de los dispositivos para reinsertarlos en el mercado y que se empleaba equipo de mala calidad.
Añadió que en 1992 se abrió un proceso legal en Cincinnati, Estados Unidos, contra la empresa, donde el juez del Tribunal de Distrito, Arthur Spiegel, concluyó que la compañía debía indemnizar por los daños y perjuicios que ocasionó el dispositivo a las personas implantadas.
Por ello, enfatizó el demandante, tras el proceso judicial la compañía habría aceptado la culpa y se encargó de pagar indemnizaciones a las personas implantadas, así como a las familias que perdieron al familiar al que se le colocó el dispositivo.
Acto seguido, narra Castillo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenó a Pfizer buscar e informar de lo sucedido a las personas o instancias que adquirieron la válvula aórtica Bjork Shiley, aspecto que no se habría dado en el caso de Costa Rica, donde a su criterio se debió indemnizar a la CCSS, al igual que ocurrió con el seguro social de Estados Unidos.
“La válvula fue comercializada por la empresa bajo gravísimas e inhumanas formas de comercialización. En base a este litigio se le debe a la CCSS porque tales delitos, como lo son la acción comercial fraudulenta y la estafa, están contemplados en los códigos internacionales firmados por Costa Rica en materia de derechos humanos y como delitos de derechos humanos. Hay un desacato a las autoridades de Estados Unidos que mandaron a buscar a las personas afectadas y aquí no lo hicieron”, indicó Castillo.
HABRÍA MÁS CASOS
Agregó que acudió a Pfizer en Costa Rica para exponer la situación y llegar a un acuerdo indemnizatorio que sería de $500 mil a $2 millones, pero la empresa le informó que el caso prescribió porque pasaron más de 10 años desde el incidente.
También dijo que podría haber más casos en el país, a los cuales se les implantó la válvula aórtica entre 1980 y 1983, habrían fallecido o presentado alguna afectación por la falla en el dispositivo.
“La empresa aceptó que a mi papá se le puso el dispositivo, pero por una situación penal y civil en Costa Rica está prescrito. Todas las empresas farmacéuticas para poder trabajar en Costa Rica firman un código de ética en el que se establece que ninguna puede promover productos que vayan en contra de la salud de las personas, como ocurrió en este caso, por lo que hay un asunto desde el punto de vista ético y moral que no prescribe”, sentenció.
Sobre el particular DIARIO EXTRA trató de entrevistar a funcionarios de esa firma farmacéutica al respecto, pero mediante un correo electrónico enviado por la ejecutiva de Comunicaciones Externas, Isabel Sánchez, indican que “Pfizer toma muy en serio nuestra responsabilidad de revisar cuidadosamente todos los informes que recibimos por parte de los pacientes. Sentimos gran compasión por el sufrimiento de la familia Castillo.
Desde el primer momento en que fuimos contactados en junio, la compañía ha manejado este asunto de manera oportuna y apropiada de acuerdo con los protocolos establecidos. La consideración de Pfizer de cualquier reclamación no constituye de manera alguna una admisión de responsabilidad legal”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Martes 24 Marzo, 2015
HORA: 12:00 AM
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