Editorial
¿Arrogancia o ignorancia de funcionarios públicos?
El artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica hace referencia de manera ineludible “al libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés publico”.
El Estado debe garantizar el cumplimiento de dicha normativa y velar porque los ciudadanos, sin distingo alguno, puedan tener acceso a las informaciones públicas de todas y cada una de las dependencias administrativas nacionales.
Algo extraño está sucediendo en el país, pues parece que hay tendencias al ocultismo y secretismo, hay jerarcas de instituciones que se niegan a cumplir lo que manda la Carta Magna y con ello atropellan vilmente los derechos consagrados.
¿Será arrogancia o ignorancia?
No halagan a nadie ninguna de las dos condiciones anteriores.
Bueno, este es el caso de la señora ministra de Justicia, Cristina Jiménez, quien decidió montarse en el patín de la rebeldía y negarse a publicar los datos de hacinamiento carcelario costarricense, según aduce por razones de seguridad.
La funcionaria está desafiando abiertamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y haciendo uso del recurso de aclaración y adición retrasando la orden que se giró a favor de la prensa.
El número de privados de libertad no debe ser un secreto en este ni en ningún otro país, menos cuando se trata de un tema tan grave como es el hacinamiento carcelario.
Costa Rica se jacta de la defensa a ultranza de los derechos humanos, pero estas conductas solapadoras solo muestran lo contrario, pues si la verdad de la crisis penitenciaria no es pública, podríamos decir que hay gato encerrado.
Doña Cristina, la sociedad tiene derecho a saber que el Estado poco hace por dignificar las condiciones de los reos, los familiares de quienes están rejas adentro deben conocer cómo están viviendo, qué les falta y ni qué decir de los defensores públicos y privados en su encomiable labor.
Las cárceles están rebalsadas, eso no es nuevo, dar la cara por la realidad que enfrenta el sistema es lo que debería usted como jerarca institucional hacer, no ocultar información para quitarse de encima las críticas. Ya sabemos que hay colapso, violación de derechos humanos y hasta tortura, hambre e insalubridad.
Los datos que el Ministerio se niega entregar son PÚBLICOS, la ley establece que su condición es esa, en el marco de la transparencia, cómo es posible que ni el Poder Judicial los pueda conocer si les compete velar por los derechos de esas personas.
Definitivamente la gente hace lo que le venga en gana aunque las reglas estén dictadas y los ciudadanos seguimos alcahueteando esas potestades baratas.
Hace apenas un par de días, la Asamblea Legislativa fue sede del Foro Libertad de Prensa y Acceso a la Información, promovido por el diputado Rolando González, pues claro, estamos en este momento frente a un panorama incierto, cargado de atribuciones infundadas pero sobre todo de irrespeto.
No hablamos acá solo con la bandera de los medios de comunicación, hacemos frente al tema de acceso y derecho de información y libertad de expresión desde la trinchera de la ciudadanía, del hombre y la mujer de a pie, del habitante que debe tomar decisiones y pedir explicaciones al Estado.
Los datos públicos no son propiedad de ningún funcionario, no pueden guardarse del conocimiento social, no pueden camuflarse, maquillarse ni invisibilizarse.
Los periodistas no somos los únicos llamados a exigir los derechos y las libertades que responden a la expresión e información, todos los ciudadanos deben quitarse la venda de los ojos y exigir lo que les corresponde.
Los administradores de la información pública están en la mira, pues desconocen los alcances de la ley, pero además se arrogan competencias que no les asisten.
Si bien Costa Rica tiene todos los instrumentos jurídicos para hacer valer el derecho al acceso, eso de estar batallando ante la administración de justicia es desgastante, inapropiado y costoso, más cuando las reglas están claras.
La sentencia de la Sala es clara, doña Cristina tendrá que dar esos datos tarde que temprano, la cantidad de hacinamiento no representa inseguridad nacional, nunca lo ha sido. Inseguro sería que las entidades competentes en el tema no conozcan la magnitud de la crisis penitenciaria y con ello se abstengan de buscar soluciones óptimas para paliar el caos. Peligroso es silenciar tal hacinamiento.
La Sala debe reaccionar de inmediato y de nuevo resolver basado en que la información es pública, transparente y accesible para todos y de una vez por todas jalar las orejas a los funcionarios que desacatan.
En tan solo dos semanas, desde el propio Estado se desprenden conductas que violentan en todos los extremos la libertad de expresión y el derecho a la información, y eso no puede ignorarse.
La falta de información limita a los pueblos, los enmudece, los ciega, los atonta, no podemos permitir que el poder político promueva un país poco pensante, poco crítico y sin decisión.
