“Si usted es ineficiente en una institución pública, por más presupuesto que le asignen nunca va a lograr resultados positivos. Si no la administra bien, ninguna plata va a alcanzar”, comentó Rolando Vega Roberth, magistrado de la Sala Segunda.
En días pasados Ottón Solís anunció que recortaría la partida de anualidades del presupuesto nacional del 2015, por cuanto las instituciones daban por un hecho que todos los funcionarios se la ganaban sin haber realizado una evaluación de desempeño.
Ante esto el magistrado de la Sala Segunda, informó que tiene redactado un proyecto de ley para regular las anualidades.
“Con este proyecto se regularía el pago de las anualidades, primero en el Poder Judicial y luego se podría poner en práctica en las Municipalidades y el resto de la administración pública”, dijo.
Para Vega esto acabaría con la controversia sobre este tema. “Es una evaluación anual por resultados de procesos que se dan en las instituciones. En lo que respecta a la ejecución presupuestaria se podría comenzar a condicionar a que les da dinero si producen resultados, contra objetivos concretos y planes específicos. Es meter toda la filosofía de gestión de la calidad que se ha desarrollado en la empresa privada, en el ámbito público”, comentó.
Agregó que muchos problemas de presupuesto se dan por mala gestión en las instituciones públicas y el Poder Judicial no escapa de ello. Es por eso que tratan de crear un modelo de gestión de calidad que permitirá corregir estas disfunciones que históricamente han existido en el Poder Judicial y en muchas instituciones públicas.
YA NO RENUNCIA
Agregó que aunque tenía previsto dejar la Corte en diciembre, ha decido postergar el retiro por unos meses. “Hay varios proyectos, incluyendo el de las anualidades, que quiero queden aprobados por la Corte Plena antes de irme. Me da miedo que se puedan caer. Mi nombramiento vence hasta el 2018; no tengo ninguna prisa en irme”, dijo el magistrado.
Comentó que tenía la esperanza que sus proyectos evolucionaran más rápido, incluso que para este fin de año iban a estar concluidos, pero no ha sido posible porque la Corte se ha entrabado con el tema del presupuesto.
DEFIENDE GICA
Uno de los proyectos que ha trascendido son blanco de los recortes presupuestarios en la Corte es el programa de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA) el cual dirige Vega.
Sobre esto explicó que en realidad el presupuesto es solo ¢59 millones, disminuyendo un millón con respecto al año en curso y para el trabajo cuentan únicamente con 5 personas.
El GICA es un programa para evaluar los despachos judiciales por la calidad de servicio, no obstante su participación es voluntaria, por lo que son pocas las oficinas que se han adherido a este proyecto.
Según datos del magistrado Vega, de todas los despachos judiciales del país solo hay 4 acreditados y 6 en proceso, que son los que se comen el presupuesto.
