Ha pasado poco más de un mes desde que el Poder Ejecutivo ordenó intervenir la Junta de Desarrollo Rural de la Zona Sur (Judesur), la comisión encargada de la indagación está pronta a presentar el primer informe de los actos de corrupción que ha detectado.
La junta interventora ya presentó ante la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia una denuncia en la que detalla irregularidades en contratos directos y el pago de dietas a los directivos de Judesur.
"Jorge Luis Jiménez, quien fue designado por la Municipalidad de Corredores, aparentemente adeuda sumas de dinero a Judesur por dietas canceladas, producto de sesiones infructuosas, según consta en reiterados informes de la auditoría interna.
Aparentemente este directivo forma parte de la Asada San Jorge como funcionario activo y a la vez a esta misma Asada se le han otorgado dineros de programas no reembolsables, en apariencia incumpliendo los procedimientos internos.
Además existe una denuncia penal interpuesta por incumplimiento de deberes expediente 12-000-123-0621 de la Fiscalía de Golfito, en donde en apariencia se permitió la extracción de bienes de Judesur", indica la denuncia presentada el 3 de setiembre anterior.
La misma situación sugiere pagos indebidos de dietas a los directivos Enoc Rugama Morales, representante de la Municipalidad de Osa; Rafael Ángel Navarro, de la Municipalidad de Coto Brus; y Óscar Alvarado, representante del Movimiento Cooperativo.
En el caso de Alvarado, gerente de Coopeguaycata, adeuda a Judesur casi ¢10 millones, y su hijo, quien es médico y estudió con una beca reembolsable otorgada por la Junta, está en mora y debe más de ¢12 millones.
MÁS CHORIZOS
La denuncia también revela roces con la Ley de Enriquecimiento Ilícito con la designación de Odiligia Leiva Mora, quien también ocupa un puesto como maestra en el Ministerio de Educación; el directivo Rayberth Vásquez estaría ante la misma irregularidad por ocupar en paralelo el puesto jefe de Recursos Humanos en la Municipalidad de Golfito.
Además destapa la contratación directiva de familiares de funcionarios activos de Judesur. Uno de los casos refiere al esposo de la encargada de Recursos Humanos, Wendy Cruz, quien proveería todos los servicios de bienes y tecnología de información por montos de ¢2.920.736,37, ¢7.923,430 y ¢616.396,07.
Los otros tres casos vinculan a la mamá de la asesora legal Karla Trejos, la cual provee los uniformes a la Junta; el esposo de la contadora Marisol Ferreto, quien es el proveedor de servicios de materiales; y el exsuegro de Rebeca Olmos, analista financiera, quien da mantenimiento a la planta eléctrica de Judesur.
Asimismo la actual directora ejecutiva habría otorgado un permiso irregular amparándose en un "simple oficio" para que una empresa privada de comidas rápidas (Pizza Hut) instalara un camión de ventas en un terreno de Judesur.
INVESTIGACIÓN
Con lo denunciado la junta interventora solicitó a la Fiscalía atender con urgencia el caso, ordenar medidas cautelares para resguardar los bienes de Judesur y suspender a los funcionarios involucrados.
También pidió una orden de allanamiento alegando que funcionarios estaban sacando documentos de Judesur, la cual ya fue rechazada.
