Al admitir un recurso de amparo firmado por 50 pensionados contra la directriz 012-MTSS-2014, en la que se establece el tope a las pensiones altas, que son pagados por el Ministerio de Hacienda dentro del presupuesto nacional, los magistrados de la Sala Constitucional frenó la aplicación de la medida a este grupo, mientras se hace las valoraciones correspondientes.
Para los recurrentes la directriz impugnada lesiona sus derechos fundamentales, al aplicar intempestivamente a sus pensiones el tope establecido en la Ley número 7.858.
Los constitucionalistas le dieron un plazo de 15 días para que interpongan, en conjunto, una acción de la inconstitucionalidad a la directriz que se comenzó a aplicar ayer.
Con esto, son 51 personas a las cuales se les suspende la aplicación de la directriz y es la segunda ocasión que se la Sala IV recomienda interponer una acción la inconstitucionalidad.
La primera ya fue presentada y está en proceso de estudio de admisibilidad.
La Sala Constitucional estudia 39 recursos de amparos presentados por pensionados 138 contra la directriz.
Ayer entró en vigencia el tope a 511 pensiones altas, con lo que el Ministerio de Hacienda tuvo un ahorro de ¢488 millones. El monto máximo de pensiones fijado es de ¢2.367.000.
PARA RECORTAR GASTO
Dentro de las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aprobaron la directriz es debido a que en presupuesto destinado para las pensiones con cargo al presupuesto nacional es muy alto, pues para este año oscila los ¢708 mil millones.
De la totalidad, el 15%, lo que se traduce en casi ¢90 mil millones, se destina para el pago de pensiones altas, de pensiones que van desde poco más de ¢2,6 millones hasta casos reportados de pensionados que reciben ¢16 millones por mes, rubro que suma 1.745 jubilados.
En su momento, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) efectuó un estudio para determinar cuántas y cuáles eran las pensiones más altas a las cuales se les podría aplicar una rebaja conforme a lo establecido por la Ley 7.858, en el que se determina cuál es el monto máximo que debería tener las jubilaciones pagadas con presupuesto del Estado y se concluyó que a 910 se les podría aplicar el tijeretazo, lo que se implicaría un ahorro de ¢1.000 millones mensuales, es decir, ¢12 mil millones al año.
Pero al momento de la verdad, no se aplicó la medida a 399 pensionados, esto debido a una actualización de pensionados efectuada por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) que están en la modalidad de jubilados con postergación, grupo a los cuales no se les aplica la rebaja, a lo que se suma el hecho de los casos en los cuales la Sala IV obligó al Ministerio de Trabajo a no rebajar.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 13 Septiembre, 2014
HORA: 12:00 AM
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