Tegucigalpa, (EFE).- La comisión encargada del proceso de depuración de la Policía de Honduras solicitó hoy al Ministerio Público que investigue penalmente a 1.614 exoficiales de ese organismo de seguridad.
La Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras hizo la petición al Ministerio Público tras entregar a ese organismo 1.300 expedientes de exoficiales policiales que han sido destituidos por estar "involucrados en supuestos ilícitos", dijo a periodistas el secretario de ese comité, Omar Rivera.
"La fiesta ha terminado y todos los burócratas, empresarios y políticos deben darse cuenta que ya no es tiempo de robar o transgredir la ley y tienen que pagar al margen de la ley", subrayó Rivera.
Otra integrante de la comisión depuradora, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, dijo a periodistas que hay "un sinnúmero de casos de abuso de autoridad, denuncias que fueron presentadas ante la Comisión, donde hay exagentes y exoficiales".
La comisión depuradora no precisa la identidad de los exoficiales de la Policía ni detalles de los supuestos delitos cometidos por estos.
Más de 5.000 oficiales, incluidos seis generales, han salido de las filas de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración iniciado en 2016 en la institución, salpicada por casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceleró el proceso de depuración de la Policía tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en 2016, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que aparentemente participaron en el crimen, en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, y en 2011 en el del ex asesor antidrogas Alfredo Landaverde.
Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
En teoría, la depuración de la Policía, salpicada por múltiples denuncias de oficiales y agentes involucrados en crímenes, narcotráfico y otros delitos, se inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores.
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Comisión que depura la Policía hondureña pide investigar a 1.614 exoficiales
