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Opinión

Participación ciudadana en la planificación territorial y marino-costera

José Pablo Méndez, Mag.* / [email protected]

La planificación territorial es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano y bienestar comunal (Ley de Planificación Urbana de Costa Rica, 1968). Siendo la competencia de los gobiernos municipales implementación de la ordenación del territorio, mediante los planes reguladores. Recientemente, se incorporó una nueva meta en temas de planificación, la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Marino y Costero (Ministerio de Planificación Nacional, 2010). 

 

En la actualidad, ambos procesos de la planificación territorial en el país, caminan por rutas inciertas. La mayoría de los gobiernos locales adolece de la instrumentación de un plan regulador (actualizado y eficiente), que permita “racionalizar la toma de decisiones sobre los procesos de uso y ocupación del territorio” (Obando, 2012). Mientras que el ordenamiento marino-costero, “está en proceso de construcción por parte la institucionalidad del estado costarricense” (Estado de la Nación, 2014).

 

Ante este panorama, el Programa Estado la Nación, en el documento “Marco normativo y conflictividad del ordenamiento territorial (2014)”, alerta sobre algunos de los principales factores legales e institucionales que limitan el diseño, aplicación de políticas sobre ordenamiento territorial en Costa Rica. Entre los principales hallazgos identificados, que dificultan la materialización de los planes reguladores, se mencionan la falta de financiamiento, la falta de recursos humanos, administrativos y tecnológicos, servicios expertos contratados deficientes; y la “poca o nula participación de la comunidad en la elaboración del plan” (Mesén, 2008). 

 

Para tratar de superar el último de los hallazgos, interesa rescatar el andamiaje de la participación ciudadana como herramienta de ordenamiento, como escenario de negociación y como mecanismo de reflexión acerca de cómo se quiere proyectar en una comunidad en el futuro.

 

Primero, como herramienta de ordenamiento; la participación de los habitantes en la elaboración de documentos de planificación o de regulación que los afecten, implica tomar en cuenta, las diferentes variables y situaciones que interactúan en el espacio comunal, entre ellos, la fuerte demanda social de acceso a la tierra y los recursos naturales, el crecimiento de la población, las organizaciones e intereses implicados y los conflictos resultantes. Es decir, este enfoque permite diagnosticar esa realidad dinámica. 

 

Tradicionalmente, el instrumento regulador adolece de la perspectiva dinámica, ya que han sido elaborados desde preceptos tecnocráticos verticales, dejando de lado, las especificidades locales, la historia de los lugares y las diferentes formas de producción del espacio por parte de los grupos humanos. No tardarán en aparecer una serie de conflictos que alertan la separación del plan regulador y la realidad comunal. 

 

Segundo, como escenario de negociación; donde el proceso de toma de decisiones se concibe como un ejercicio deliberativo, es decir, donde la población asista, se informe, hable, solicite aclaraciones, se oponga, debata, y logre tomar posición en toma de decisión para la resolución de desacuerdos y controversias. Que el participar, supere la idea de llegar a “calentar la silla” al sitio, como señala la frase popular. 

 

Asimismo, ese escenario se fortalece con las condiciones de participación óptimas, donde se potencien las fortalezas de los actores sociales. Lo anterior, mediante la conformación de la estructura organizativa, la optimización del tiempo, del alcance, etc. Incluso, seleccionando el método adecuado, ya sea, en dispositivos grandes y abiertos, como asambleas o cabildeos, o más cerrados, con una designación de representantes de la organización a cargo.

 

Tercero, como mecanismo de reflexión acerca del proyecto futuro, porque ante todo, el enfoque participativo, está constituido dentro del marco general de las reflexiones sobre la democratización de la acción pública, con aspectos propios y como reflejo de un cambio de pensamiento en la transformación urbana de la comunidad. 

 

La idea de la participación revitaliza los planes reguladores, como la herramienta eficaz de gestión y coordinación de acciones en el uso de la tierra, la sostenibilidad territorial y el bienestar de los actores sociales. Asimismo, facilita la aparición de acuerdos, que superen las conflictividades asociadas. 

 

Las cuestiones relacionadas con la planificación territorial (y de los ambientes marino-costeros) son numerosas y se enfrentan a las expectativas de la población de cada vez más informada y exigente.

 

*Gestión Socioambiental

 

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Jueves 26 Noviembre, 2015

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