Una nueva consulta de constitucionalidad, asignada al expediente 24-017382-0007-CO, presentada ante la Sala IV frenó la votación de la denominada Ley Jaguar, la cual fue propuesta por once legisladores de los Partidos Liberal Progresista (PLP), Liberación Nacional (PLN) e independiente. (Ver recuadro)
A pesar de las advertencias hechas por varias fracciones, Rosalía Brown Young, presidenta a.i. del Congreso, sometió el proyecto a votación, no obstante, los liberales dieron a conocer que la consulta facultativa se hizo minutos antes.
“Nosotros y muchos costarricenses que hemos leído este proyecto tenemos serias dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa. Es irresponsable hoy, darle curso a algo que está mal hecho. ¿Quién nos va a decir si está mal hecho o no?, la Sala Constitucional. Desde hace 15 días, como diputados responsables, tomamos la decisión de redactar una consulta constitucional para blindarlo, segundo, para no gastar ¢3.500 millones que después se verían botados a la basura si se realiza un referéndum que sea inconstitucional.
El PLP está sumamente interesado en que se haga, porque el referéndum significa que los costarricenses tienen la posibilidad y el derecho de ir a votar, pero sabiendo realmente lo que están votando. Me he dado a la tarea de preguntarle a muchas personas qué opinan de la Ley Jaguar y 9 de cada 10 me dicen que no conocen de qué se trata, no es justo para los ciudadanos someterlos a votar un referéndum sin explicarles el fondo de lo que contiene”, dijo Luis Diego Vargas, jefe de los liberales.
“Irresponsable es pretender atropellar la votación sin análisis de proyecto de fondo y sin la oportunidad de que la Sala Constitucional se pronuncie. Hemos trabajado una consulta con cinco abogados diferentes para asegurarnos de que los criterios que no se presentaron en la consulta anterior se presenten en esta, para que la Sala tenga argumentos y que pueda darle curso. No sería la primera vez que la Sala Constitucional cambia de criterio, eso ha sucedido a lo largo de la historia y es normal”, secundó Eliécer Feinzaig, diputado del PLP.
“TRAIDORES”
La medida no cayó nada bien entre el oficialismo, que tachó a los consultantes como traidores.
“Es un día muy triste para la democracia, francamente triste para la democracia, en el que los diputados nos negamos a votar el sagrado derecho que tienen los costarricenses a participar en un referéndum, el sagrado derecho que tiene el soberano a decidir cuál es el destino que quiere para su país.
Los diputados hoy han traicionado (al soberano), ¿por qué?, porque la Sala IV claramente ya dijo que solo el TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) puede hacer una consulta ante la Sala (…). ¿Qué están haciendo?, pateando la bola, traicionando a la gente que lo único que pide es una oportunidad para participar en las decisiones claves de este país, como lo es la Ley Jaguar”, manifestó Pilar Cisneros, legisladora del Partido Progreso Social Democrático.
SATÉLITES
Del mismo modo, la consulta no fue bien recibida en partidos que han mantenido cercanía con Zapote.
“Lamentamos enormemente que, una vez más, se detenga el conocimiento del proyecto de referéndum por la consulta de diferentes diputados de Liberación Nacional y del partido de Eli (Feinzaig).
Es lamentable que los diputados no quieran darle a la ciudadanía la herramienta y que sean los costarricenses que decidan si el proyecto avanza o no. Nosotros estamos listos para votar y quien tiene que hacer la consulta no tienen que ser los diputados, sino el TSE (…).
Lamentamos que esto pase y nos comprometemos con los costarricenses que en el momento que se vaya a votar, los votos de Nueva República aprobarán el proyecto”, consideró José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República.
VACACIONES
Cabe señalar que los legisladores se fueron de receso a partir de este viernes y volverán el 8 de julio.
Así las cosas, la consulta de constitucionalidad emitida por el PLP suspende la votación hasta que la Sala IV emita un fallo, en caso de que esté para esa fecha, los diputados podrán darle trámite a la propuesta de Gobierno.
No obstante, los magistrados tienen como máximo 30 días para pronunciarse sobre el tema.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Fotos: Asamblea Legislativa
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Viernes 28 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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