La Ley Jaguar, impulsada por Casa Presidencial, pasará a análisis de los magistrados de la Sala Constitucional.
Lo anterior porque 22 diputados presentaron una consulta de constitucionalidad sobre el expediente 24.364, pues estiman que la iniciativa del Gobierno violentaría los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política.
Los legisladores aseguran que la propuesta elimina potestades de la Contraloría General de la República.
La consulta fue firmada por los diputados Óscar Izquierdo, Alejandra Larios, Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Monserrat Ruiz, Paulina Ramírez, Katherine Moreira Brown, Geison Valverde, Andrea Álvarez Marín, Sonia Rojas, Danny Vargas y Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Además fue respaldada por Vanessa Castro y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles Barrantes, Antonio Ortega, Jonathan Acuña, Priscila Vindas y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).
Finalmente, fue suscrita por Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista (PLP), y las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
Punto a señalar es que, a pesar de que los liberales anunciaron un día antes que remitirían la consulta, únicamente Cambronero suscribió el documento, que ingresó a las 3:20 p.m. a la Sala IV.
La consulta se tramitará bajo el expediente 24-16511-0007-CO.
“Consideramos que hay una serie de dudas constitucionales sobre este proyecto de ley. Creemos que la transparencia en la función pública debe prevalecer y la Contraloría debe tener los instrumentos necesarios para hacer los controles.
Apoyamos un referéndum, siempre y cuando no tenga roces de inconstitucionalidad, y nos parece que quitarle potestades a la Contraloría es muy peligroso”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de bancada del PLN.
“La iniciativa eliminaría las potestades de control y fiscalización de la Contraloría y cambia el modelo fiscalizador establecido por la Constitución, abriendo portillos para la corrupción.
Tenemos la responsabilidad de que lo que se consulte a los costarricenses esté bien en fondo y forma y no tenga vicios constitucionales, por la importancia que tiene la figura del referendo y por la inversión que haría el país en una consulta popular”, advirtió Antonio Ortega, jefe de fracción del FA.
De acuerdo con el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo.
Al hacerlo tendrá que dictaminar sobre los aspectos y motivos consultados o cualquiera que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la Sala solo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
En caso de que lo acoja, tendrá 30 días hábiles para resolver si la propuesta de Zapote tiene roces de ley.
Previamente Rodrigo Arias Sánchez, presidente del Congreso, remitió a las jefaturas de bancada una resolución donde señalaba que el proyecto debía votarse el próximo martes en una sola sesión.
No obstante, el documento señalaba que si se presentaba una consulta de constitucionalidad, se suspendía la votación hasta que la Sala IV resolviera.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Asamblea Legislativa
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Jueves 20 Junio, 2024
HORA: 12:00 AM
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