La Defensoría de los Habitantes alegó este lunes que la política nacional en materia de seguridad conocida como Costa Rica Segura Plus parece más un plan de buenas intenciones, que una estrategia nacional para luchar contra la criminalidad.
Dicha institución reaccionó luego de que tuviera que interponer un recurso de amparo contra Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, por las supuestas omisiones en relación con las respuestas ofrecidas a dicho órgano de control sobre avances en la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030.
Según el ente defensor, el 3 de abril remitió al ministro una gestión para revisar los resultados de la Política Nacional de Seguridad Pública que incluía varias inquietudes, sin embargo, desde entonces no ha sido informado sobre algunas de ellas bajo el argumento de que primero debe emitir un Plan de Acción de la Política Pública, previsto para octubre.
“Para esta Defensoría, ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción, por lo que no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del Consejo de Seguridad Nacional establecido en la Política; las metas de reducción de delitos previstas en la Política; las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad a la Política, o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entre otros aspectos”, indica.
Por otro lado, la Defensoría detalla que le llama la atención que Zamora sí informara sobre un cronograma para elaborar el Plan de Acción de la Política y que las acciones a desarrollar empezaran justamente en abril de 2024, cuando le consultó sobre la programación de trabajo para emitir ese instrumento, después de transcurridos cinco meses de emitida la Política.
“El Plan de Acción es el ‘corazón’ de la Política Pública y sin él queda solo una declaración de buenas intenciones en el mejor de los casos, por lo que esta Defensoría insistió, a través de la prevención de ley, para que el ministro Zamora respondiera todo lo consultado.
En respuesta a la prevención, el ministro de Seguridad tampoco respondió todo lo solicitado y más bien cuestionó aspectos de procedimiento de este órgano de control de legalidad, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos.
Ante ello, la Defensoría recurrió a la Sala Constitucional para hacer valer el derecho de acceso a la información de interés público que tutela el artículo 30 de la Constitución Política, recurso que fue acogido para su estudio por parte del Tribunal y le otorgó un plazo de tres días para que rinda cuentas”, señala.
SEGURIDAD RESPONDE
DE FORMA INCOMPLETA
Asimismo, la Defensoría manifestó que recientemente Zamora respondió de forma parcial a las consultas, lo cual ocurrió el 25 de junio, un día después de que la Sala le notificara la interposición del recurso de amparo y le fijara un plazo para referirse a su omisión.
“Así, la Defensoría considera lamentable que se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que acceda a informar sobre la conducción de esta política pública, y que, aun así, lo haga de forma incompleta”, agregó.
Además recordó que las políticas públicas son los mecanismos que permiten concretar las líneas maestras por donde encauzar el Estado sus esfuerzos para materializar y dar vigencia real y cotidiana a los derechos humanos, por su naturaleza y alcance.
“La Política Nacional de Seguridad Pública tiene una afectación e impacto transversal en el resguardo de diversos derechos humanos de toda la población como son la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad, el desarrollo, la salud, entre otros, lo que la convierte indudablemente en información de un alto interés público que debe estar al alcance de toda la ciudadanía y de la Defensoría como órgano de control y supervisión, sin restricción alguna, para asegurar su cumplimiento”, finalizó.
SE DEFIENDEN
DIARIO EXTRA consultó al ministro de Seguridad Pública ante estas declaraciones de la Defensoría y manifestó que el plan de acción es elaborado por su contraparte.
“El MSP elaboró y publicó la Política de Seguridad un año antes del plazo que nos dio la Contraloría General de la República.
La Defensoría nos consultó sobre el Plan de Acción y se le respondió que dicho plan se encuentra en elaboración conjunta con nuestras contrapartes, ya que se trata de un proceso democrático y participativo.
La Defensoría no entendió eso y nos pide darle dicho plan, por lo que el día jueves anterior remitimos a la Sala esta misma explicación”, indicó Zamora.
COSTA RICA SEGURA PLUS
El 22 de noviembre de 2023 se lanzó la Política de Seguridad Pública, cuyo objetivo es reforzar las acciones que están en marcha en el marco de las Operaciones Costa Rica Segura, Costa Rica Segura Plus, Crucitas, Operación Soberanía y de Contención en Limón, Puntarenas y Nicoya.
La Academia Nacional de Policía en Guápiles fue la sede del evento, que contó con la presencia del presidente Rodrigo Chaves y en el que el ministro Mario Zamora, Manuel Jiménez y Eric Lacayo, viceministros de Unidades Especiales y Unidades Regulares, respectivamente, presentaron la nueva política ante 300 invitados de los tres poderes de la República y la sociedad civil.
En ese entonces Zamora destacó que en el plano preventivo el diseño para el diagnóstico y planes de seguridad a escala municipal y comunal parten de la identificación de la violencia, riesgos sociales ante el delito y otros factores generadores de inseguridad que afectan la convivencia ciudadana en los 84 cantones y 492 distritos.
“Esta es una estrategia global que pasa por una serie de medidas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de los cuerpos policiales. Mejorar las condiciones salariales, tecnológicas y de capacitación son fundamentales para sacar la tarea.
Debo reiterar que hay camino adelantado que tiene resultados positivos contra la delincuencia en delitos contra la propiedad y el aumento de aprehensiones de delincuentes con órdenes de captura”, finalizó Zamora.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Martes 02 Julio, 2024
HORA: 12:00 AM
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