Luego que el periódico del Pueblo diera a conocer una serie de irregularidades que ocurrían alrededor del tema de las pensiones alimentarias y un recurso de habeas corpus planteado por la jueza Mauren Solís, para detenerlas.
La Sala Constitucional ordenó a varias instituciones y organizaciones referirse a la denuncia efectuada por la jueza de familia, sobre el uso ilegal de la figura del apremio corporal.
Solís denunció que familiares están interponiendo denuncias de pensión alimentaria por montos de entre ¢20.000 y ¢30.000 para librar a personas de volverse víctimas de sicariato, evitar que afronten causas penales o hasta refugiarlos en sitios como centros de rehabilitación de drogas.
La jueza conversó con DIARIO EXTRA y dio a conocer los resultados de una visita técnica al centro de apremiados corporales, tanto en el caso de hombres como mujeres, y expuso un habeas corpus que habían interpuesto hace muchos años, pero al que no le dieron respuesta.
Sin embargo, luego de que El Periódico del Pueblo publicó este increíble caso, los magistrados de la Sala Constitucional hicieron el llamado a atender dicha denuncia.
“Me doy por satisfecha con que la Sala Constitucional analice el tema, lo visibilice, que genere una resolución que saque a la luz todas las aristas que estaban planteadas en el hábeas corpus, específicamente contra el Poder Judicial, pero que poco a poco, con los hallazgos que se han generado, la Sala ha estimado irlo ampliando, ya se ve la estructura interna del Poder Judicial que podría estar involucrada en las omisiones de las personas juzgadoras a la hora de ejecutar el apremio corporal”, aseveró Solís.
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La funcionaria judicial enfatiza que existe una falta de atención y seguimiento de los jueces que tienen a su cargo a los apremiados corporales, lo que ha provocado que alrededor del 60% de quienes están en la Unidad no tengan casos reales, sino que familiares les imponen una pensión alimentaria con montos muy bajos y estas personas pasan hasta seis meses resguardadas a expensas del Estado.
Las denuncias de Solís fueron ratificadas por Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social, y Natasha Quesada, directora de la Unidad de Pensiones Alimentarias.
También funcionarios penitenciarios señalaron que la llegada de personas que evaden causas penales, que huyen de sicariato y hasta otros que llegan a vender drogas ha elevado la peligrosidad de la Unidad.
“Estoy complacida de que por fin el tema sea analizado con la profundidad que merece, que es regular a las personas que permanecen dentro de la Unidad de Apremiados”, agregó Solís.
LLAMADOS A DAR CUENTAS
El director de Adaptación Social y el ministro de Justicia, el jefe de la Defensa Pública, el coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, varios jefes de Departamentos del Poder Judicial y el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes deberán referirse a esta denuncia, según la resolución de la Sala Constitucional.
Los magistrados destacaron en su determinación que Solís comprobó que las personas juzgadoras no fiscalizan la ejecución del apremio corporal de quienes ingresan a estas unidades por la imposición de una pensión alimentaria.
A partir de la notificación, los funcionarios señalados deberán rendir un informe donde se refieran a las denuncias planteadas por la jueza de familia.
$100 DIARIOS
Solís estimó que la permanencia de una persona en la Unidad de Apremiados Corporales le cuesta al Estado $100 diarios (unos ¢51.000 al tipo de cambio actual), y que la mayoría, al quedarse hasta los 6 meses que se les imponen, pueden llegar a sumar hasta $18.000 (¢9,2 millones aproximadamente) en gastos durante el semestre.
DIARIO EXTRA solicitó a Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, que se refiriera a esta situación, y señaló que se trata de un tema preocupante, pero desde su perspectiva le corresponde al Poder Judicial tomar las acciones correspondientes. “Eso es algo propio del Poder Judicial, por lo cual a nosotros nos corresponde recibir a las personas que así lo disponen los jueces de la República. Sí es un tema preocupante, que primero debe ser analizado dentro del Poder Judicial”, declaró Campos.
PERIODISTA: Allan Madriz
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar y cortesía
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Jueves 09 Mayo, 2024
HORA: 12:00 AM
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