La Contraloría General de la República (CGR) objetó la liquidación presupuestaria emitida por el Gobierno correspondiente al Presupuesto de 2023.
Así se da a conocer a través del informe N° DFOE-FIP-IAA-00005-2024 remitido por la CGR a la Asamblea Legislativa y que deberá ser conocido por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“En opinión de la Contraloría General, la liquidación del presupuesto de los ingresos y egresos correspondientes al período económico 2023, no se presenta razonablemente en todos los aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la normativa aplicable al proceso presupuestario.
En cuanto a la liquidación del presupuesto de los ingresos, cuyo monto devengado en el ejercicio económico 2023 ascendió a ¢12.153.291 millones, se determinó que existen unos no registrados por ¢10.865 millones, así como errores en la clasificación, según la partida presupuestaria de algunos ingresos”, señaló la Contraloría.
Dichas circunstancias están relacionadas principalmente con “rubros no incluidos en la liquidación del presupuesto”, además, de posibles sumas giradas de más en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Por otra parte, se precisan montos de más en el régimen especial de pensiones, errores en la partida de remuneraciones provenientes de los reclamos administrativos no resueltos por diferencias salariales de periodos anteriores y temas vinculados con la Ley Marco de Empleo Público.
“Esto, asociado con el personal de nuevo ingreso que tiene pendiente el traslado a la escala global definitiva, movimientos de personal por motivo de ascensos o cambios de puestos reconocidos con escala salarial compuesta, así como ausencia de pagos o pagos de anualidades a funcionarios sin aplicar la ley y escalas salariales pendientes de definir, lo cual afecta la partida de remuneraciones y transferencias corrientes.
Sumado a otras situaciones que perjudican la razonabilidad de la liquidación. Todo lo cual afecta la integridad y calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones, requisitos básicos para la transparencia de la gestión presupuestaria”, indicó la CGR.
El informe señala que, además de las condiciones identificadas en la liquidación de los ingresos y egresos del Presupuesto de la República, generan que el déficit financiero se encuentre subestimado en al menos 1% del Producto Interno Bruto para el ejercicio 2023 (1% en 2022).
INGRESOS NO REGISTRADOS
La CGR precisó que, al 31 de diciembre de 2023, ¢10.865 millones no fueron incluidos en la liquidación del presupuesto.
Dichos saldos corresponden a ¢7.195 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Costarricense sobre Drogas y reintegros en efectivo de la Corte Suprema de Justicia y a cuentas de caja única por ¢3.670 millones.
Esta situación genera un incumplimiento del principio de universalidad e integridad e incide en la calidad de la información financiera.
Asimismo, existen recursos que permanecen en cuentas corrientes en bancos estatales comerciales por ¢9.856 millones que no fueron trasladados en 2023 al Fondo General, correspondientes a 13 instituciones revisadas en contraposición a lo establecido en la ley.
PENDIENTES
A todo lo anterior, acusa que de abril a junio de 2022 el Ministerio de Hacienda desconectó todos los sistemas, producto del ciberataque y para seguir con la operativa de la recaudación utilizó una cuenta corriente de un banco comercial para realizar los cobros a los contribuyentes y posteriormente clasificarlos según correspondiera.
Dicha medida se continuó utilizando por parte de la Dirección General de Aduanas durante 2023, de manera que la Dirección General de Contabilidad Nacional registró ¢1.159 millones como ingresos no especificados que forman parte de los no tributarios; sin embargo, dicho monto podría formar parte de ingresos tributarios o no corresponder a alguno que deba registrarse.
ERRORES
Y SIN REGISTROS
Los ingresos percibidos por concepto de intereses moratorios por ¢25.844.11 millones (¢11.641 millones en 2022) se encuentran clasificados erróneamente, según el clasificador presupuestario de ingresos del Sector Público, debido a que fueron registrados en subpartidas de los impuestos que los originaron, dentro de los ingresos tributarios.
Adicionalmente, se identificaron ¢1.601 millones clasificados como ingresos no tributarios y ¢448 millones como transferencias corrientes, siendo lo correcto su registro como superávit.
Igualmente, no se incorporaron egresos de la República por un monto de ¢490.641 millones.
Entre los no reportados fueron transferencias corrientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢462.394 millones (¢252.287 millones en 2022), por parte del Ministerio de Salud (¢271.806 millones), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (¢84.089 millones) y régimen especial de pensiones (¢106.499 millones).
Según información de la CCSS, para diciembre de 2023, los montos pendientes de pago registrados por dicha institución ascendieron a ¢3.599.134 millones.
Del mismo modo, no se reportaron aportes patronales y estatales no registrados por el MEP correspondientes al mes de setiembre, octubre y noviembre de 2023 por ¢16.857 millones, a pesar de disponer de la factura emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Otros no reportados fueron gastos en la partida de remuneraciones no registradas por el MEP, por motivo de zonaje a 26.000 personas que laboran en zonas clasificadas como incómodas e insalubres por un monto de ¢4.238 millones, recargos a 618 funcionarios por un monto de ¢1.224 millones, pagos adeudados de anuales a 39.150 trabajadores por un monto de ¢1.071 millones y diferencias salariales por ¢1.360 millones correspondientes a 432 resoluciones administrativas junto a aportes patronales, facturas y prestaciones legales.
En el Ministerio de Salud se omitieron salarios por ¢804 millones, correspondientes a la segunda quincena de diciembre de 2023, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no incorporó en la liquidación del presupuesto la suma de ¢79 millones, relacionados con gastos por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, los cuales se ejecutaron sin contar con un presupuesto aprobado.
Aunado a lo anterior, algunos rubros no incluidos en la liquidación por dichos conceptos, fueron revelados parcialmente por parte de los ministerios en los informes de ejecución presupuestaria, y en el “Informe de Ejecución Presupuestaria del Ingreso y Gasto del periodo 2023”, elaborado por la Dirección General de Contabilidad Nacional.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Fotos: Catalina Mairena/Randall Sandoval
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Sábado 04 Mayo, 2024
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