Vecinos de Grecia y Heredia acudieron a la Sala Constitucional para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del millonario crédito al que accedió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según los proponentes de la acción que se encuentra en estudio por parte de la Sala IV, dicho empréstito se aprobó en primer debate con tan solo 37 votos a favor, lo cual va en contra de los dispuesto por la Carta Fundamental.
“Me presento ante ustedes a interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9895, Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito rápido por medio del Instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia del Covid-19, la cual no fue aprobada tal y como lo establece la Constitución Política, habiéndose aprobado en primer debate por 37 diputados y no según lo establecido en el artículo 121 inciso 15 de la Carta Magna”, se lee en el documento firmado por la abogada Eilleen del Rocío Sandoval Pérez.
Hay que señalar que dicho enunciado establece: “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa”.
Consultada por este medio, Sandoval manifestó que el crédito de $508 millones fue avalado de forma irregular, ya que no contó con la mayoría calificada en el primer debate.
Aseguró que, así las cosas, esperan que los magistrados regresen el trámite de dicha ley hasta el Congreso para lo que corresponda.
También se pronunció en contra de más endeudamiento para el país como el que sigue pretendiendo el gobierno de Carlos Alvarado con dicho organismo internacional.
ANTECEDENTES
El lunes 24 de agosto, el Congreso aprobó en primer debate el crédito rápido por $504 millones (unos ¢300 mil millones) con el FMI.
Dicha aprobación ocurrió a pesar de las denuncias de varios legisladores en relación con las condiciones que podría establecer dicho organismo a cambio de los recursos.
Se trata de un acuerdo de stand by que, según varios congresistas, no solo supondría otro multimillonario crédito, sino la amenaza de venta de activos del Estado y otros recortes que podrían poner en entredicho la soberanía nacional.
En específico, 37 diputados votaron a favor del crédito rápido urgido por la Casa Presidencial, mientras 15 votaron en contra.
En ese momento, el gobierno decía que el IFR es la llave para avanzar formalmente en la negociación de un Acuerdo Stand-By (SBA) con el FMI, que, en conjunto con el IFR, podría aportar $2.250 millones en tres años.
Este acuerdo, a su vez, permitiría cubrir una parte de las necesidades brutas de financiamiento del 2021 (que en este momento se estima podrían ascender a 14,5% del PIB).
Además, el SBA proveería un marco formal para las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, que se espera permitan alcanzar un superávit primario del orden de un 2% del PIB en el año 2024 y reducir la deuda del Gobierno Central al 50% del PIB para el 2034.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Martes 13 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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