Cuatro empresas corren el riesgo de perder 22.100 toneladas de maíz porque nuevos estudios reconfirmaron que el producto tiene residuos de una sustancia cancerígena.
El maíz fue importado por Corporación Pipasa, Grupo de Productores Importadores de Granos PIG, Agroindustrial Proave y Comercializadora de Productos Agropecuarios de América.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, permitió su desembarque, a pesar de que las primeras pruebas hechas por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) salieron alteradas.
Al final se determinó tras terceras pruebas que en efecto el producto no puede quedarse en Costa Rica, ni siquiera para fines industriales o el consumo de animales.
Fernando Araya, director del SFE, confirmó la decisión a DIARIO EXTRA. Explicó que ahora las empresas tienen dos caminos: lo destruyen o lo reexportan.
“La semana pasada salieron los resultados de las 10 muestras de cada lugar donde se mantiene el maíz bajo retención. Nueve continúan saliendo fuera de norma del Límite Máximo de Residuos permitidos en Costa Rica”, declaró.
Frente a este escenario, el despacho del ministro Alvarado resolvió el recurso de revisión, respaldando el criterio técnico del SFE.
De acuerdo con Araya, los requisitos y la legislación son muy claros antes de cualquier importación.
“La ley, decretos y procedimientos no han variado. Quien importa debe cumplir las normas nacionales. El SFE atiende cientos de importaciones diarias, es nuestra función. Denegamos el ingreso por plagas o por riesgos a la salud. Somos una autoridad sanitaria que antepone la salud como debe ser, en protección del país, siguiendo el debido proceso”, resaltó.
Cabe recordar que el ministro Alvarado resolvió una medida precautoria y provisional con carácter de urgencia el 28 de agosto, según el oficio RA-MAG-030-2020.
En ese momento permitió el desembarque de 31.899 toneladas métricas de maíz, de las cuales 22.100 salieron contaminadas.
El embarque atracó en Puerto Caldera el 5 de agosto de este año y el SFE procedió a realizar una toma de muestras para análisis de laboratorio.
El resultado arrojó que “el producto almacenado en las bodegas 1, 3, 4 y 5 del buque no cumple con los límites máximos de residuos (LMR) establecidos en la normativa nacional para la sustancia cancerígena malatión”.
El SFE no permitió el descargo y dispuso que el producto debía ser reexportado o destruido, sin embargo, el ministro Alvarado decidió algo distinto.
Uno de los argumentos para aceptar la descarga fue evitar mayores costos para las empresas por la permanencia del buque en Puerto Caldera, pues cada día sin descargar valía $17.500 diarios, no cubiertos por el seguro.
Según el ministro Alvarado, el despacho acogió el recurso de las empresas porque el SFE habría sido omiso a las peticiones de los recurrentes.
Importadores consultados por El Diario del Pueblo, que exigieron el anonimato, indicaron que ahora las empresas por la decisión del ministro podrían demandar al Estado por daños y perjuicios.
El caso lo analiza la auditoría interna de MAG, ante una denuncia de la Cámara de Importadores y Exportadores de Productos Perecederos, y además se encuentra bajo investigación en el Ministerio Publico.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Jueves 08 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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