Diario Extra - Bancos y garroteras pagarían por cobros judiciales

Un proyecto de ley que impulsa el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, haría que bancos, garroteras, financieras, casas comerciales y prestamistas paguen un impuesto al momento de trasladar esa deuda al cobro judicial.
DIARIO EXTRA dio a conocer un informe denominado “Movimientos Estadísticos en Materia de Cobro”, donde el Poder Judicial indicaba que para agosto del 2019 se contabilizaron 747.000 expedientes y la proyección para cerrar ese año era de 871.000 expedientes.
Los cálculos judiciales estiman que para el año siguiente esa cifra crezca a más de 1,4 millones de expedientes por cobro judicial.
El proyecto de Peña, que se analiza en la Comisión de Asuntos Hacendarios con el expediente 21.245, hace que el acreedor deba pagar una tasa que se denomina “justicia cobratoria” y que según el texto de la iniciativa “no podrá ser trasladada, cobrada o reclamada a la parte deudora”.
Se aplicaría a ejecuciones prendarias, hipotecarias y garantías mobiliarias, entre otras.
En el caso de embargos preventivos, reposiciones y apropiaciones de garantías mobiliarias de omitirse el pago se otorgarán 5 días plazo para cumplir y de no hacerlo se daría por terminado el proceso.
“Estas estas empresas que prestan plata y que endulzan a la gente para que se endeuden y una vez que no les pagan, simplemente van al Poder Judicial a que les haga el trabajo de reclamar esos dineros, con un costo muy alto para el Estado, sin que tengan que resarcir nada”, agregó Peña.
El proyecto excluye del impuesto a las personas físicas y empresas que el préstamo de dinero no sea su actividad habitual, además de las instituciones públicas.

IMPUESTO

¿De cuánto sería el impuesto? Según el proyecto, este se calcularía en un porcentaje escalonado que no podría ser superior al 7% ni menor al 2% del valor estimado de la demanda o proceso.
De acuerdo con el diputado Peña, la aplicación de ese porcentaje la definirá el juez.
La Corte Plena podrá ajustar anualmente mediante un estudio técnico los valores de estos porcentajes.
Los recursos que se generen serán del Poder Judicial entregados vía presupuesto y servirán para mejorar los servicios judiciales para reducir los tiempos de espera en materia de cobro judicial, creación de juzgados ordinarios y extraordinarios de cobros judiciales, mejora de infraestructura, equipamiento y soporte tecnológico para esta materia.

SE OPONE

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) señaló como excesivos los montos, en la consulta que hicieron los diputados.
Luego agregó en un comunicado de prensa que el costo sería asumido por los bancos y quedaría reflejado en las tasas de interés que pagan los deudores.
“Lo que quiere la ABC es que la tasa se le traslade al deudor, tras que endulzan, engañan y arrinconan a la gente, ahora quieren que paguen la tasa, así no se puede”, respondió el legislador.
El proyecto se envió a consulta a la Procuraduría General de la República.