Los empleados del sector público podrían quedarse sin ajuste salarial también este año. El aumento debió hacerse efectivo en la segunda quincena de febrero de 2020, sin embargo, nunca se aplicó y ahora el gobierno pregunta cómo revocarlo.
Así consta en una consulta hecha por el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a la Procuraduría General de la República. Este quería saber cuál era el procedimiento a seguir para anular el ajuste acordado en la Comisión Nacional de Salarios (CNS).
“¿Es viable jurídicamente revocar el pago del aumento salarial creado mediante el decreto ejecutivo 42121-MTSS-H-Mideplan?”, preguntó.
Este decreto autorizó un aumento general para 2020 de ¢7.500 al salario base de todas las categorías del sector público. Además de incrementos adicionales graduales que permitían en ciertos casos que el incremento salarial llegara a ¢8.750.
Estos aumentos debieron entrar a regir en enero de 2020 y hacerse efectivos en la segunda quincena de febrero de 2020, con reconocimiento retroactivo al 1 de enero de 2020.
El pago se suspendió en abril de 2020 para los empleados del Gobierno central con la idea de destinar esos fondos a la atención de la emergencia por Covid-19.
La suspensión se hizo mediante el decreto 42286-MTSS-H-Mideplan del 6 de abril de 2020. Se fundamentaron en el decreto de declaratoria de emergencia nacional 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, evocando que el interés general prima sobre el particular.
DIARIO EXTRA tiene una copia de la resolución C-202-2020 del 20 de mayo, dirigida a Elián Villegas, ministro de Hacienda, en la que el abogado del Estado indica que el decreto no se puede revocar, pero habla de la figura de la derogatoria.
El Diario del Pueblo consultó el criterio al Ministerio de Hacienda sobre este tema, pero no hubo respuesta al cierre de edición. La expectativa era saber si Villegas continuará con el procedimiento que inició su antecesor.
SINDICATOS VALORAN ACCIONES LEGALES
El incremento salarial que pretenden derogar es producto del acuerdo al que llegó la CNS el 17 de diciembre de 2019, donde participaron la Central de Trabajadores (CGT), la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricense (CMTC) y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
En ese decreto se consignó además una tabla que contiene el aumento progresivo de salario, que se aplicaría también para los pensionados de los diferentes regímenes con cargo al presupuesto nacional.
Para el abogado del Estado el decreto 42121 no se puede revocar por ser un acto de alcance general y por eso señala que si el gobierno persiste con esta idea lo que procede es derogarlo.
Advierte que la derogación de un decreto, al igual que ocurriría con cualquier otra disposición general, como un reglamento o una ley, lo es sin perjuicio de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la disposición a derogar.
Para Mario Rojas, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la decisión del gobierno irrespeta el debido proceso, es inconstitucional y violatoria de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Vamos a presentar una denuncia por abuso de autoridad. El alza salarial se tomó como parte de un acuerdo en la Comisión Nacional de Salarios, no pueden unilateralmente tomar la decisión sin consultar a las organizaciones de trabajadores”, sentenció.
• Mario Rojas
Secretario general Rerum Novarum
“Vamos a presentar una denuncia por abuso de autoridad. El alza salarial se tomó como parte de un acuerdo en la Comisión Nacional de Salarios, no pueden unilateralmente tomar la decisión sin consultar a las organizaciones de trabajadores”.
• Albino Vargas
Secretario general ANEP
“El gobierno está montado en una estrategia de campaña de odio al empleo público. Lo que hace el gobierno es contraproducente, solo contribuye a sembrar más semillas, más confrontación social y va a ser inevitable. El coctel tiene muchos ingredientes calientes”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Lunes 08 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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