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Nacionales

Llamar "hijueputa" a diputado es difamación

Concuerdan abogados penalistas

El asesor Giancarlo Casasola, jefe de despacho del diputado liberacionista Gustavo Viales, habría difamado al llamar hijueputas a un grupo de legisladores

Abogados penalistas concuerdan en que el asesor liberacionista Giancarlo Casasola pudo cometer el delito de difamación al llamar hijueputas a los diputados en chat de WhatsApp, molesto por la firma de una moción que busca retrasar la vigencia del matrimonio igualitario en el país.

No obstante, concuerdan que la reacción violenta del diputado liberacionista David Gourzong no es justificable, a pesar de la ofensa, y que el asesor Casasola podría demandarlo por el delito de lesiones.

“Decirle hijueputa a alguien en el contexto en que lo hace resulta ofensivo, podría configurarse el delito de difamación”, explicó el abogado Ewald Acuña.

Agregó que la duda es si cabría el delito de injuria porque se debería determinar si en el chat donde se hizo esa difamación participaba el diputado.

Según las informaciones que han trascendido, lo escrito por Casasola en el chat fue pasado por otra persona, cuya identidad se desconoce, a un chat de legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN). 

El abogado Juan Carlos Román también dijo que es necesario hacer una diferencia entre los delitos simples y los que podría cometer un congresista en el ejercicio de su cargo.

“Este no es un delito funcional (relativo al cargo del legislador), sino uno común, si es que es un delito, porque a aún no tenemos por probado que estemos ante la presencia de una lesión”, afirmó.

En cuanto a las ofensas del asesor, Román concuerda en que serían delitos contra el honor, que se llevan en la vía privada.

 

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

 

En el caso del golpe que recibió el asesor, el Código Penal establece lo que se denomina lesiones gravísimas, graves y leves.

“El asesor tiene la posibilidad de plantear la denuncia por el delito de lesiones, pero ahí lo importante es que los médicos forenses determinen si hay incapacidad y si es superior a los cinco días”, explicó Acuña.

Si esa valoración determina que el golpe generó una incapacidad de más de cinco días se podría calificar en lesiones leves o graves y en ese escenario el delito debería tramitarlo la Fiscalía General por ser el diputado un miembro de los supremos poderes de la República.

Pero si las lesiones incapacitantes son para cinco días o menos, el delito sería una contravención que se tramita en el Juzgado Contravencional de San José, donde ya no entra el fuero de protección para el diputado.

En este caso desde el punto de vista de las sanciones penales, si el diputado Gourzong fuese encontrado culpable por el delito de lesiones leves podría recibir una sanción de tres meses a un año de cárcel.

El asesor Casasola, por el contrario, apenas se expondría a una sanción de 20 a 60 días multa.

 

TIEMPO DE REACCIÓN

 

¿El insulto del asesor al diputado podría justificar (desde el punto de vista legal) el acto de agresión?

Para Acuña no hay justificación y esto se explica porque su reacción no fue inmediata.

“En un ejemplo, si Juan le dice a Pedro hijueputa y de inmediato Pedro se vuelve y le pega, uno podría explorar la posibilidad de una emoción violenta, pero al no ser inmediata su reacción deshabilita que pueda argumentar ese enojo como defensa”, indicó.

Román agregó que esa figura que contempla el Código Penal llamada “estado de emoción violenta” se creó para atenuar los delitos.

 

RELACIÓN LABORAL

 

Para el también abogado Boris Molina la relación laboral entre el diputado y el asesor no produce ningún privilegio. 

“La relación de jerarquía laboral por sí sola, en este caso, no genera ningún tipo de privilegio. Las personas deben respetarse recíprocamente porque son persona, no porque alguno de los dos esté en una posición superior a la del otro”, apuntó.

“La inmunidad de los diputados no es una licencia para agredir. Además, ni siquiera tiene que ver con estos temas, sino con el hecho de estar exentos de lo que dicen en el plenario para poder hablar con libertad”, agregó Molina.

Román, por su parte, agregó que Casasola es un asesor legislativo común y corriente, pagado por la Asamblea Legislativa, y tiene una relación laboral clásica.

“Es decir, debe respetar los procedimientos sancionatorios laborales administrativos que rige la Ley General de la Administración Pública”, enfatizó.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto tomada de redes sociales

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Mayo, 2020

HORA: 12:00 AM

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