La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) corre para cumplir con la obligación en el pago de salarios, luego de confirmarse el embargo preventivo que ordenó el Juzgado Laboral del I Circuito Judicial en la Vertiente Atlántica.
En una comunicación enviada por la entidad a las 2:40 de la tarde de este miércoles, se ratificó que la medida cautelar recaería sobre los fondos del superávit captado por Japdeva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la cuenta donde se registran los fondos de la Ley 9.764 para la transformación de la institución.
Dichos dineros son los que la institución utiliza para el pago de los salarios de los 576 colaboradores que actualmente tiene la institución, como la de aquellos que se acogieron a la jubilación anticipada o fueron despedidos en el proceso de reestructuración.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la institución, confirmó que la acción judicial inyecta una complejidad la cual deberán resolver en el lapso de los tres días subsiguientes.
“Es claro que esto puede generar alarma y preocupación entre los colaboradores, pero la administración garantiza que de parte de la administración actuaremos con inmediatez y responsabilidad. Buscaremos mantener la operación de servicio público sin afectación, ya estamos en la toma de las medidas respectivas”, declaró la jerarca.
ERA EL CANON
DIARIO EXTRA consultó a las autoridades del Poder Judicial si la medida cautelar de embargo que firmó el juzgado laboral de la provincia del Caribe cubría también lo referente al canon que pagaría APM Terminals al Gobierno por la concesión de la terminal de contenedores.
Sin embargo, en un correo electrónico indicaron que “en el expediente de su interés se encuentran presentadas y pendientes de resolver solicitudes de adición y aclaración, gestión a la que tienen derecho las partes intervinientes en el proceso. Por ello no es posible referirse a los alcances de la medida cautelar dictada”.
No obstante Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, confirmó que su propósito inicial era que la medida cautelar se dictara sobre los dineros del canon, no otras cuentas que al final los juzgados determinaron.
“Nosotros la gestión que realizamos, y puede verse en el escrito, es sobre el canon que aporta APM Terminals a Japdeva que se encuentra en las cuentas del BCR de la entidad. Eran dos cuentas donde se deposita, la gestión que hace la organización es para que se embargue el canon, ninguna otra cuenta más”, explicó el líder gremial.
Ante nuestra consulta de qué pasará con el tema de las planillas, Wells enfatizó que el asunto se enreda por el propósito original del reclamo que el sindicato realizaba.
APM Terminals confirmó que este 2020 el monto del canon ascendería en principio a los $13.5 millones.
¿SOLUCIONES?
El Periódico de Más Venta en Costa Rica planteó este escenario a especialistas laborales sobre qué podría hacer la institución para honrar los pagos de las obligaciones laborales.
Ambos coincidieron que en efecto el salario como un derecho laboral y humano deberá cancelarse sí o sí.
“Es posible que Japdeva pueda llegar a un arreglo de pago con los trabajadores con los que tienen el derecho para ver si se logra el levantamiento del embargo y llegar a una negociación con esos rubros que quedaron descubiertos”, explicó Erick Briones, especialista en derecho laboral.
Briones aclaró que incluso Japdeva podría a responder con algunos de sus activos patrimoniales mientras honra los pagos de los trabajadores como una solución a la crisis que se desencadenó.
Por su parte la también experta en derecho laboral María Marta Salazar, explicó que no se puede descartar las figuras de crédito en estos casos para la institución y en su criterio considera que lo más oportuno es que exista la búsqueda de otra fuente de financiamiento para lograr la cancelación de los derechos.
También el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) disparó en contra del sindicato al afirmar que las acciones de Sintrajap puso en riesgo el pago de la planilla de la institución, pero también otra serie de alcances relacionados con la operación portuaria en medio de la emergencia nacional.
Por otra parte, un aspecto es cierto, y es el hecho de que el embargo no acabaría pronto, pues la legislación dispone que hasta un lapso de 10 años tendrán los que gozan del derecho para hacer el reclamo de los dineros que aseguran les corresponde.
DIPUTADOS PREOCUPADOS
Los diputados de la provincia de Limón expresaron su preocupación luego de la noticia del embargo sobre los recursos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) que ordenó el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de la zona atlántica.
La angustia de los legisladores era en especial porque se pudiera tocar los recursos del canon de APM Terminals como reconoció el propio sindicato que eran sus opciones en el planteamiento original del diferendo legal.
Recordemos que este es una disputa que viene desde el año 2013, luego de que según el recuento de Sintrajap la administración dejó de girar 3% de los recursos que se acordaron en la convención colectiva del año 2002, cuando se acordó que dicho traslado era de 8%.
DESDE LA ASAMBLEA…
Eduardo Cruickshank
Diputado PRN
“No quisiéramos que dineros destinados al desarrollo de la vertiente atlántica queden en manos del sindicato por las razones que interpusieran esa demanda. Valoro algún proyecto de ley para que los dineros del canon no sean embargables”.
Yorleni León
Diputada PLN
“No tenemos idea de cuándo se resolverá esto, lo cual pone a la institución en un momento difícil frente a las obligaciones que debe de atender”.
David Gourzong
Diputado PLN
“Hay recursos que son para pagar a trabajadores cesados o prejubilados que no deberían ser objeto de este embargo, porque no se pagaron aún ni tampoco los dineros que vienen a crear el fondo para el desarrollo de Limón que tienen un destino específico”.
