Un total de 23.300 familias en Costa Rica se vieron obligadas a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado al consumo de la energía eléctrica, según los registros de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
De estas 16.300 son abonadas de las empresas distribuidoras y 7.000 de la institución adscrita al Grupo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
De esta manera Cedet asegura que el incremento que muchos consumidores sienten en su recibo eléctrico desde el pasado mes de marzo, coincide con el inicio de las recomendaciones del Ministerio de Salud de permanecer en sus viviendas como medida de aislamiento para evitar el contagio del Covid-19.
“Esto ocasiona una situación muy preocupante entre las personas porque no esperaban este aumento. Sin embargo, era inevitable que si estaban en casa el consumo iba a subir, lo que ocurrió que es un incremento en el consumo y tarifa. Por lo tanto, es preocupante en vista de que muchas de esas familias son de escasos recursos”, explicó Allan Benavides, presidente de Cedet.
Es por esta razón es que los representantes de estas empresas elevaron una nueva petitoria a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aceleren la posibilidad de eliminar el IVA de los servicios de electricidad. Recordemos que este empieza a correr a partir de los 280 kw/h.
Los cogeneradores reiteran que el incremento de las facturas responde ineludiblemente al tema del impuesto, y no es cierto que ocurriera un aumento en las tarifas de los servicios eléctricos.
Otras de las cifras que ofrecieron estas empresas son las de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal (Jasec) donde solo en marzo 25.517 abonados tuvieron que pagar IVA, y dicho número en abril alcanzó los 27.637 afectadas con el incremento.
La semana anterior DIARIO EXTRA dio a conocer que varios legisladores abordaban esta temática como una posibilidad y el integrante de Restauración Nacional, Carlos Avendaño presentó un proyecto en esa línea.
Benavides fue más enfático al asegurar que ante esta coyuntura las autoridades de Hacienda empobrecen a los consumidores a los cuales les recargan el pago del tributo.
“Al caer el IVA sobre las familias de escasos recursos que perdieron su empleo, usted es lo que hace es quitarles el dinero destinado a consumo, por ejemplo a comida, por supuesto que los empobrece, los afecta económicamente y los limita. El IVA puede ser el pan de la semana, el arroz y los frijoles. Es un asunto social”, se quejó el también gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Según los cálculos de Cedet, en el caso de menor impacto una familia podría tener hasta ¢5.445 de más en el recibo, de lo cual el 55% le corresponde al IVA.
