Aun cuando el proyecto 21.426 que busca la modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) fue enviado a consulta a la Sala Constitucional (lo que suspende su aprobación en segundo debate por al menos un mes), el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un sexto presupuesto extraordinario que incluye los recursos necesarios para la liquidación de los trabajadores de dicha empresa pública.
Se trata de poco más de 17 mil millones de colones que tienen como fin pagar las cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación de los funcionarios de Japdeva que serían despedidos de la institución.
Estos recursos salen del presupuesto del Gobierno del servicio de amortización de la deuda pública, gracias a movimientos que Hacienda logró hacer para colocar pagos de deuda a más largo plazo.
Según ha indicado la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, para lograr el equilibrio financiero de la entidad portuaria y proyectar el nuevo modelo de negocios que se busca, no se ocupará más 400 trabajadores de los más de 1.100 que laboran actualmente.
Precisamente la consulta facultativa que se hace a la Sala IV por el fondo del proyecto tiene que ver con un transitorio incluido en el artículo 2 que ordena a la Administración el despido de los funcionarios si, luego de un mes, estos no se han decidido por algunas de las tres opciones que se disponen para ellos, que son: traslado horizontal, recibir un incentivo al renunciar o bien acogerse a la prejubilación.
El diputado frenteamplista José María Villalta ha insistido en que poner a los trabajadores en esta condición violenta sus derechos, más aún cuando la propia administración de Japdeva no tiene claro a cuáles de ellos podrá utilizar para su nuevo modelo de negocios, ya que ni siquiera ha hecho los estudios previos.
PREJUBILACIÓN
Este sexto presupuesto extraordinario establece que ¢1.600 millones se destinarán al fondo de este régimen prejubilatorio donde solo pueden ingresar trabajadores de Japdeva mayores de 55 años, con 25 años cotizando para la Caja. En esa condición estarían 276 funcionarios.
Cabe recordar que ya los diputados habían aprobado otro presupuesto de más de ¢5.700 millones a la institución, con el fin de que hiciera frente al pago de salarios para los últimos tres meses del año.
Japdeva cerró 2018 con un déficit de ¢3.400 millones. Sus ingresos son de ¢800 millones, pero sus gastos superan los ¢2.500 millones anuales.
El proyecto que se aprobó en primer debate incluye otro transitorio que obliga a dicha empresa pública a devolver los recursos que está recibiendo en un plazo de 20 años con 5 de gracia.
Además, otras instituciones con superávit podrán inyectarle recursos, con un límite de ¢10 mil millones.
Las autoridades insisten en que, de no aprobarse tanto el proyecto como este traslado de recursos, Japdeva entraría en un cierre técnico.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 09 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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