El conflicto y la molestia que tienen los desamparadeños por la autorización para construir un condominio en las cercanías de Loma Salitral ahora llega hasta el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de ponerle un alto.
Así lo confirmó el abogado ambientalista Edgardo Araya, quien aseguró que se presentó una apelación al acuerdo tomado por el concejo municipal para dar los permisos para la construcción de un condominio en la zona.
“La medida se presentó varios días después del acuerdo y estamos a la espera de la resolución por parte del tribunal, a quien le pedimos como medida cautelar suspender la aplicación del acuerdo”, expresó. De momento no hay ninguna respuesta por parte de los jueces que analizan el caso, pero de esta dependerán las acciones que se vayan a tomar en el futuro. “Estamos trabajando en el tema del contencioso administrativo por vía ordinaria, pero esto dependerá de lo que ocurra con la apelación y la resolución final”, agregó. Esta es la única opción que les quedó a los vecinos luego de las apelaciones e intentos a lo interno del concejo municipal, pues no hubo manera de que fueran aceptadas.
Y es que pese a la presencia de decenas de vecinos que durante varias semanas llegaron con pancartas y cánticos, ni el alcalde ni los regidores de este cantón cambiaron su posición.
La votación seis a favor y cinco en contra de la construcción se mantuvo siempre, lo que permitió que los permisos aprobados el pasado 9 de octubre ya estén en firme.
“Después de la votación metimos el recurso de revisión, a la siguiente semana metimos el recurso de revocatoria y se rechazó seis a cinco, siempre los mismos votos, entonces ahora ya se envió al Contencioso Administrativo”, detalló Eduardo Guillén, regidor y ambientalista que se opone a la construcción de este condominio. Pero esto no es todo, otros ambientalistas también preparan lo necesario para acudir a la Sala Constitucional y por esa vía buscar que se frene la construcción para que la Loma Salitral y sus alrededores se mantengan tal como están hoy. Los regidores que han votado a favor y el alcalde mantienen su postura de que lo que han hecho se apega a la ley y no se daña ninguna zona protegida, apegados a un periodo de gracia que se dio cuando se aprobó el plan regulador del cantón.
