Las cortes internacionales de La Haya
Sergio Ugalde G*
Este año se celebraron dos acontecimientos de importancia en La Haya. Primero, se inauguró el edificio de la Corte Penal Internacional, que se erigió como testimonio del compromiso que los 124 estados parte del Estatuto de Roma asumen con la justicia internacional y con la inquebrantable lucha contra la impunidad. Al día siguiente se celebró el 70 aniversario de la primera sesión de la Corte Internacional de Justicia. Ambos eventos contaron con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, del Rey Guillermo Alexander de Países Bajos, así como de reconocidos juristas. El próximo año se celebrará el 110 aniversario de la segunda Conferencia de la Paz, que dio origen a la Corte Permanente de Arbitraje. Costa Rica celebra estas conmemoraciones, pero más que por una cortesía diplomática.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, que sustituyó a la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1945. Todos los Estados suscriptores de la Carta de las Naciones Unidas son ipso facto miembros del Estatuto de la CIJ. No obstante, ser miembro de su Estatuto no significa un reconocimiento a la Jurisdicción de la Corte. Hoy solo 72 Estados reconocen la Jurisdicción de la Corte, y de esos, solo una veintena de ellos no tienen ninguna reserva a su jurisdicción, en cuenta Costa Rica. El primer Presidente de la Corte fue justamente un centroamericano, el salvadoreño José Gustavo Guerrero. Entre casos contenciosos y opiniones consultivas la CIJ ha evacuado unos 160 expedientes. A pesar de la importancia que tiene en la determinación del derecho internacional y en la administración de la justicia entre los Estados, el hecho de que solo poco más de una tercera parte de los Estados acepten su jurisdicción es una preocupante señal de la situación y del limitado alcance de la justicia internacional en la actualidad. La imposibilidad de someter gruesas violaciones de las obligaciones internacionales a la jurisdicción de la Corte fomenta la impunidad de algunos Estados y crea un sistema de asimetrías en la comunidad internacional, donde los valores de la razón y de la justicia se hacen a un lado para dar paso al fortalecimiento de cada vez más poderosos aparatos militares de uso libre, gracias a la formulación de doctrinas legalistas unilaterales, que escinden el derecho de gentes y los principios esenciales que gobiernan a los Estados.
El gran reto para los países que, como Costa Rica, han depositado su defensa íntegra en los mecanismos del derecho internacional, es continuar defendiendo la institucionalidad judicial internacional y, en particular, seguir promoviendo la universalidad de la jurisdicción contenciosa de la CIJ. Aún cuando hay importantes críticas a la labor de la Corte, sean válidas o no, la Corte no puede mejorarse abandonando su jurisdicción. Por el contrario, la Corte requiere el apoyo constante de los Estados y de la crítica constructiva de estos, que contribuya a mejorar su funcionamiento y a fortalecer su institucionalidad. Un ejemplo de ello ha sido el discurso del canciller holandés en la celebración del 70 aniversario de la Corte, que le ha recordado la importancia de promover la igualdad de género y la incorporación de jueces más jóvenes. Es así, de frente y con la mejor de las intenciones como se mejora la institucionalidad de la justicia internacional, lo cual nuestro país suscribe plenamente.
La Corte Penal Internacional (CPI). Con la inauguración de su nuevo edificio y luego de una década de operación, la CPI alcanza un grado de madurez luego de un inicio entusiasta pero frágil. Sus desafíos siguen siendo alcanzar la universalidad plena y mejorar sus procedimientos para hacerla más efectiva. Aún cuando debe seguir fortaleciéndose, la CPI vive un particular momento político, promovido por algunos Estados que le han nivelado críticas inadmisibles con el objeto de debilitar su función jurisdiccional frente a ciertos casos, buscando proteger figuras poderosas como es el caso de Al Bashir, presidente de Sudán, procesado por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Costa Rica mantiene una excelente relación de trabajo con la institucionalidad de la Corte, y un papel relevante en su defensa en la Asamblea de Estados Parte, de la cual ocupó su presidencia. Costa Rica también estuvo representada en la Corte por la jueza Odio Benito. Aún cuando ocasionalmente hemos estado solos, nuestro país ha sostenido con nobleza y solidez la tea de la lucha contra la impunidad, un objetivo de política exterior que es firmemente promovido por nuestro gobierno. El futuro de la CPI depende de que otros Estados, como lo hace el nuestro, contribuyan a su fortalecimiento y, en ese tanto, es indispensable convencer a los Estados que tienen un protagonismo relevante en los asuntos mundiales a que acepten su jurisdicción. Costa Rica continuará desempeñando esos esfuerzos, porque nuestro país está convencido de que una verdadera justicia internacional depende de que todos los países estén sujetos, por igual, a la rendición de cuentas por sus actos y por los actos de sus líderes.
La Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Esta es la tercera de las cortes de La Haya y es la de mayor edad. Sus orígenes se remontan a la primera Conferencia de la Paz de 1899, convocada por el Zar Nicolás de Rusia, y su bureau internacional se consolidó en la segunda Conferencia de la Paz de 1907. Por muchos años la Corte pasó inadvertida y sus casos fueron apenas si contados. Sin embargo, en los últimos 20 años ha tenido un vertiginoso crecimiento, consecuencia de un considerable cambio de estrategia que internacionalizó los servicios de la Corte, particularmente los de mediación y los de arbitraje en asuntos de carácter comercial. Costa Rica fue partícipe de ese crecimiento, al haber sido el primer Estado del mundo en suscribir un Acuerdo de Sede Regional, el cual tuve personalmente el honor de negociar con el entonces Secretario General Tjaco van den Hout, en el año 2002.
Al acercarse el 110 aniversario de la segunda Conferencia de la Paz, es tiempo de revisar el estado general de la CPA, de los mecanismos de adopción de sus reglas opcionales, así como del mandato y el procedimiento de su Consejo de Administración, del cual nuestro país es un notable contribuyente.
La institucionalidad de la justicia internacional nunca avanzó tanto como en los últimos 20 años, y Costa Rica debe sentir orgullo de ser un protagonista de ese desarrollo. No obstante, aún luego de las congratulaciones por haber alcanzado aniversarios históricos, lo cierto es que la sistematización y la consistencia de la justicia internacional aún están lejos de ser óptimas. Por constituir el único camino en un mundo civilizado, Costa Rica, como política de Estado continuará defendiendo y fortaleciendo esa institucionalidad. Esta es y seguirá siendo la vía nacional, porque es nuestra vocación como democracia desarmada y pacífica.
*Embajador de Costa Rica
en Países Bajos
