Tras 22 días de que la abogada Alexandra Loría y los diputados cristianos Mario Redondo, Gonzalo Ramírez, Fabricio Alvarado y Luis Vásquez presentaran ante la Sala IV un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo que el mandatario Luis Guillermo Solís firmó el pasado 10 de setiembre, para la aplicación de la técnica reproductiva de fecundación in vitro (FIV), los magistrados declararon inconstitucional esa decisión presidencial.
En una votación dividida 4 contra 3, los miembros de ese alto tribunal indican que este decreto viola el principio de reserva de ley como los derechos de la “libertad personal, la dignidad de la persona, el derecho a la vida, a integridad física, el derecho al honor, a la intimidad personal y el derecho a la salud”.
Sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los magistrados resolvieron que “el numeral 73 constitucional, por cuanto el Poder Ejecutivo, en el decreto impugnado, impone la obligación de implementar la técnica de reproducción asistida, lo que concluye una violación a su autonomía administrativa”.
Para Boris Molina, abogado de las parejas que han dado la lucha por años para que se cumpla con este derecho, “la votación quedó 4-3 y refleja que ya existe una mayor comprensión de la importancia de este tema. Precisamente los magistrados que votan en contra lo hacen porque le dicen a la mayoría que sea consecuente con lo que votó antes, a saber, que la Corte Interamericana es la que tiene que decidir este tema”.
En la acera de en frente Alvarado, del partido Restauración Nacional, se mostró complacido con la decisión de los jueces. “El presidente Solís se equivocó al firmar este decreto ejecutivo, el país necesita legislación sobre el tema pero sin dejar de defender la vida, al ser humano”, comentó.
Ante el fallo la reacción del Gobierno de la República no se hizo esperar, alegando que la acción de inconstitucionalidad forma parte del debate democrático que sobre estos temas debe realizarse en Costa Rica.
Además destacó que “el Poder Ejecutivo es respetuoso del proceso de acción de inconstitucionalidad que se encuentra estudiando la Sala Constitucional”.
