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Nacionales

Gas Zeta denuncia a 13 ante Procuraduría de la Ética

Por considerar que incurrieron en faltas graves y contra la transparencia

En esta lista figuran los funcionarios denunciados por Gas Zeta ante la Procuraduría de la Ética, solicita que se les investigue

El apoderado generalísimo de Gas Nacional Zeta, Noel Bustillos, denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública a 13 funcionarios, entre estos 8 ministros y viceministros de Estado, 1 juez del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) y 4 personeros de la administración pública, al considerar que habrían incurrido en posibles faltas graves contra sus deberes, entre abril y julio pasados.

A su criterio se tomaron acciones administrativas que afectaron el quehacer de la empresa y los consumidores fueron víctimas de una crisis ante el desabasto que tuvo lugar.

Entre los denunciados por Bustillos se encuentran los ministros Édgar Gutiérrez, de Ambiente y Energía; Sergio Alfaro, de la Presidencia; Víctor Morales, de Trabajo; Gustavo Mata, de Seguridad; Billy Araya Olmos, juez del TCA, y Luis Gustavo Álvarez, director del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público, entre otros.

Cabe recordar que el problema es por el divorcio de los dueños de Gas Nacional Zeta que se tramita en estrados estadounidenses, en el que Evangelina López entabló una demanda de divorcio en el condado de Harris, Texas, contra su esposo Miguel Zaragoza, y el juez estadounidense Roy Moore estableció una serie de medidas cautelares a favor de López, denominado exequátur, sobre los posibles bienes gananciales, que involucran 12 empresas en Costa Rica.

Aunque el Tribunal de Familia hizo la nacionalización de las medidas cautelares, diferentes ministerios e instituciones realizaron acciones contrarias, las cuales pusieron en el cargo a Miguel Monge, quien es de la confianza de Zaragoza, pese a que ambos tenían impedimento de manejar las compañías en Tiquicia.

La denuncia fue presentada el viernes anterior por Bustillos ante la Procuraduría de la Ética, a quien se le solicita investigar los hechos y tomar las acciones correspondientes.

“...con el debido respeto y en la condición indicada me apersono a interponer denuncia por la posible comisión de faltas graves contra los deberes inherentes a la investidura del funcionario público y del administrador de la justicia en el ejercicio de función administrativa -propia de sus funciones- por faltas a la ética, la transparencia, la probidad y la imparcialidad, en virtud de la conducta desplegada por los denunciados que generó el dictado de actos administrativos y resoluciones contrarias a los valores éticos y de probidad”, se lee en la denuncia, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia.

Para Bustillos, los denunciados quebrantaron la Constitución Política, la Ley de Enriquecimiento Ilícito y su respectivo reglamento, así como el Decreto de Principios Éticos de los Funcionarios Públicos, entre otras normas legales.

 

“GRAN INTROMISIÓN”

 

Carlos Quesada, abogado de Gas Zeta, dijo que el objetivo de la denuncia es lograr que el procurador de la Ética efectúe una investigación profunda y determine si falta a la ética, a la imparcialidad y a la probidad en las actuaciones de distintos funcionarios.

A su criterio parece que hubo “una gran intromisión” del gobierno en la disputa, pese a las resoluciones nacionales emitidas por el Tribunal de Familia.

“Esto en el asunto cuando se hace todo lo posible por desalojar y quitarle los poderes y la representación a don Noel de Gas Nacional Zeta.

En ese ínterin, que fue alrededor de casi tres meses, hubo unas actuaciones de gobierno, iniciadas por el Ministro de Seguridad Pública, paralelamente actuaciones del Registro Público y de un juez de la República, que despiertan en nosotros muchas sospechas de por qué esas actuaciones y en paralelo había un denominador común que era quitar a don Noel de la compañía, quitarle los poderes e instalar a Miguel Monge, que tenía prohibiciones de un tribunal de familia”, explicó Quesada.

Dijo además que con las actuaciones y procedimientos que se dieron el país, “al poner a Monge, que era una persona de confianza de Miguel Zaragoza, se burló de la orden del juez norteamericano que había indicado que al ser la empresa un bien potencialmente ganancial no se acató y tener él el control de la empresa en Costa Rica”.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

EMAIL: [email protected]

Jueves 01 Octubre, 2015

HORA: 12:00 AM

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