El abogado y activista de la comunidad gay costarricense, Yashín Castrillo, se encadenó este miércoles al edificio que alberga a la Sala Constitucional para protestar por la no aprobación de una acción de inconstitucionalidad que daría luz verde a las uniones gay en el país.
Castrillo aseguró que tomó esta decisión, debido a que el recurso fue presentado hace un año y nueve meses, pero aún no ha sido votado por los magistrados.
Ya el voto de sentencia para resolver esta acción está listo hace casi cuatro meses, pero los señores magistrados bloquean el proyecto, como lo hacen los diputados cristianos en la Asamblea. Entonces, ellos se incapacitan, se ausentan, buscan excusas para no tener que votar ese proyecto”, indicó Castrillo.
El abogado indicó que es “inaudito” que un recurso tenga casi dos años de estar esperando su aprobación e incluso, la acción de inconstitucionalidad que desautorizó el levantamiento de los vetos presidenciales a la Reforma Procesal Laboral y a la calle XIII, duró ocho meses en ser resuelta.
Esto le compete al Poder Judicial porque los diputados dijeron hace 15 años que no iban a aprobar ningún proyecto a favor de la población homosexual del país y las convocatorias que haga el gobierno no tienen tanto poder como para que los proyectos de ley convocados se aprueben sí o sí”, explicó Castrillo.
ONG LO RESPALDA
Por su parte, el Centro de Investigación para América Central de los Derechos Humanos (Cipac) manifestó su apoyo a la iniciativa de Castrillo, pese a que su encadenamiento no fue idea de ellos.
“El activista gay Yashin Castrillo ha informado a Cipac la decisión de manifestarse, encadenándose, en las afueras de la Sala Constitucional al no resolver la acción presentada por este abogado con respecto al reconocimiento de la Unión de Hecho entre parejas del mismo sexo. Los obstáculos interpuestos por grupos conservadores en la Asamblea Legislativa han hecho imposible lograr el cometido, es por ello que consideramos que la Sala Constitucional resuelva esta situación como garante de nuestra Carta Magna, que considera el principio fundamental de igualdad para todas las personas que habitan nuestro país, es por ello que Cipac apela para que con la misma figura legal que reconoce la Unión de Hecho que regula a las parejas heterosexuales sea aplicable a las poblaciones LGBTI”, aseguró Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del Cipac.
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por Castrillo busca modificar el artículo 242 del Código de Familia, de modo que en vez de decir que la unión de hecho entre hombre y mujer debe ser reconocida, diga “entre dos personas”.Olga Fallas, directora de la Contraloría de Servicios de la Sala IV, atendió al jurista y le aseguró que llevaría su queja hasta los magistrados.
