Pedimos transparencia
Editorial
La mayoría de los candidatos a alcaldes de los 81 cantones del país ya están elegidos. Esto implica que los partidos se alistan con toda la maquinaria para hacer frente a las elecciones de febrero de 2016.
Será la primera campaña municipal después de la reforma al Código Electoral y tras seis años de gestión. Entonces es histórica y por ende las agrupaciones deberían proponerse una ruta de transparencia, honestidad y esfuerzo en pro de sus representados.
Para nadie es un secreto que el abstencionismo tiene cifras récord en este tipo de comicios y los votantes poco acuden a las urnas, demostrando una apatía crónica y descontento con la clase política, independientemente de los partidos.
No es para menos, los costarricenses estamos cansados de tanta promesa incumplida, de tantos intereses personales antes que comunales, del chorizo y el tráfico de influencias, del despilfarro y la pésima administración, del recesos e inoperancia de una buena parte de los gobiernos locales.
Lo ocurrido este fin de semana en el Partido Liberación Nacional es justo lo que los costarricenses estamos hartos de presenciar, no por tratarse de una agrupación en particular sino porque esta parece ser la tónica de todas cuando están de cara a elecciones de cualquier índole.
No importa si la bandera es verde y blanca, azul y roja, amarilla y negra, amarilla y roja o de cualquier otro color; la intriga, la corrupción, el desatino, la incongruencia, la maldad y la mentira deben quedar fuera de los procesos políticos, aunque parezca una utopía.
Los políticos deben saber que la gente a la que necesitan para cumplir sus aspiraciones no quiere estas incongruencias. Aunque en apariencia ahora hay un asocio entre la política y lo cuestionable, lo cierto es que aquellos que se postulan para una papeleta deben luchar de frente con los egoísmos y los intereses personales que reinan en estos puestos públicos, que parecen hacerse privados porque en muchas ocasiones sirven para privilegiar a los amigotes.
Para nadie es un secreto que a una buena parte de las alcaldías llegan aquellos que más plata tienen o los mejor apadrinados, o bien los de un partido en especial, sin que el electorado conozca siquiera su nombre.
De aquí que los vecinos de los cantones no se sienten representados por esas personas, a las cuales consideran ajenas, y peor aún, no se involucran en los procesos de administración ciudadana, más bien se alejan descontentos, desmotivados y desconfiados.
Los partidos, en vez de estar agarrándose de las mechas por decidir quién llega a la silla principal del ayuntamiento, deberían estar promoviendo el voto municipal, pues da vergüenza que apenas una mínima cantidad de votantes sean los responsables de elegir al próximo gobernante local.
Todos tenemos derecho a votar, pero no lo ejercemos; hay una responsabilidad ciudadana que no se está cumpliendo y que sin temor a equivocarnos es un fenómeno que le conviene a más de un postulante. Esta irresponsabilidad ciudadana de no cumplir con el deber del sufragio hace que aumente el potencial de algunas agrupaciones para poner casi a su voluntad a alcaldes, regidores y síndicos.
Estamos a seis meses de la próxima justa electoral y tampoco el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha movido una campaña de concientización ciudadana. Tal vez parezca que falta mucho tiempo, pero lo cierto es que crear cultura sobre estos procesos lleva su tiempo y no puede limitarse únicamente a la fecha en especial.
Es el TSE el llamado a informar al elector con el tiempo suficiente para que este analice sobre la decisión que ha de tomar, pero también son los partidos los llamados a educar a los ciudadanos.
Más que contonearse al ritmo de las obras que hacen o llorar por lo que no se hizo, los partidos y sus representantes al mando están llamados a formar a la población y darle opciones para elegir con base en el conocimiento y no en la ignorancia, como suele suceder en una buena parte de estos procesos.
Los ciudadanos, a partir de la historia de este país y conocedores de lo que nos irrita de los políticos, tenemos derecho a exigir cuentas claras, responsabilidad y honestidad; no debemos dejarnos engatusar cuando de por medio están el desarrollo y la dignidad de nuestras comunidades.
