Política salarial
Sandra Piszk Feinzilber* / Piskas cotidianas
La política salarial de un gobierno es fundamental por cuanto es, precisamente el salario, el mayor componente de los ingresos familiares. Diversos estudios han demostrado que si bien la inversión social es importante, es mediante el empleo digno y políticas salariales justas, que puede superarse la pobreza. De ahí que, durante mi gestión como ministra de Trabajo, consideré prioritario dar énfasis a este aspecto y ello se hizo mediante tres instrumentos.
En primer lugar, buscando disminuir las infracciones en el pago del salario mínimo. En el 2010 se determinó que alrededor de 320.000 personas trabajadoras no recibían su salario mínimo por lo que fue necesario poner en práctica varias medidas correctivas, entre ellas, una redistribución del trabajo de los inspectores, estableciendo que la denuncia por no pago de salario mínimo era una prioridad en la labor inspectiva. Sobre esto, se hicieron modificaciones importantes en instrumentos legales del Ministerio, como por ejemplo, se desarrolló una intensa campaña publicitaria, se habilitó un centro de llamadas para recibir denuncias y atender consultas de las personas trabajadoras y patronos, entre otras.
Una medición hecha por la UCR demostró que en el primer año se había logrado reducir alrededor de un 4% las infracciones y, aunque es apenas el comienzo de la solución de un problema que aún persiste, la experiencia demuestra que es necesario continuar impulsando políticas en este campo, no solo en el fortalecimiento de la inspección laboral, sino particularmente en el cumplimiento del salario mínimo.
El segundo eje fue la revisión y modificación de la fórmula de fijación de los salarios para el sector privado, el cual agrupa al 85% de los trabajadores costarricenses. Sobre este asunto, es importante señalar que en 1999, se había firmado un acuerdo entre gobierno, sindicatos y empresa privada que establecía que los ajustes semestrales se harían considerando únicamente la inflación.
Esto implicaba el no reconocimiento del aporte de los trabajadores al crecimiento económico. Así, mientras la economía crecía satisfactoriamente durante los primeros años de la década, el trabajador únicamente reponía sus gastos. Ello sin duda alguna, provocó un importante deterioro de sus salarios. A esta situación se le puso fin en octubre de 2011 después de intensas negociaciones entre el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos, estableciendo una fórmula ya no solo reconociendo inflación, sino también con base en el crecimiento de la producción, aspecto igualmente relevante en términos de competitividad. Se trata de un salto cualitativo en materia de política salarial que permitió por una parte mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y por otro lado, dinamizar la economía.
El tercer eje lo constituyó la formulación de una política de ordenamiento de los salarios en el sector público. Diversos estudios tanto de la Contraloría como del Ministerio de Trabajo determinaron que la asignación de las retribuciones adicionales al salario, comúnmente conocidos como pluses, se habían negociado mediante convenciones colectivas, leyes ordinarias, reglamentos e incluso acuerdos de juntas directivas sin que mediaran criterios técnicos apropiados ni medición de eficiencia.
Además, se comprobó una gran diferencia de los beneficios entre instituciones. A manera de ejemplo, el porcentaje pagado a un funcionario del gobierno central por concepto de anualidad era de alrededor de 1.9%, en tanto que había instituciones autónomas, universidades y municipalidades que reconocían hasta un 5.5% de anualidad por el mismo trabajo. En cuanto a cesantía, había diferencias abismales entre los 8 años que percibe un funcionario de gobierno central versus 15 y hasta 20 años en otras instituciones. Ello implicó la elaboración de una propuesta que partía de tres premisas fundamentales: el respeto a los derechos adquiridos, la concepción del Estado como patrono único y la autonomía relativa de las instituciones autónomas en materia salarial.
Actualmente, está en la corriente legislativa un proyecto denominado Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, que deberá ser analizado y discutido de manera seria y pausada con todos los sectores involucrados. El sector público ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país y debe continuar haciéndolo. Sin embargo, es necesario reconocer que la relación entre eficiencia y remuneración no está a la altura de las necesidades del desarrollo y del otorgamiento de servicios de calidad.
No se trata, como lo han dicho algunos líderes sindicales, de tendencias neoliberales o de atropello de los derechos laborales. Por el contrario, es necesario fortalecer el Estado y garantizarles a los y las funcionarias públicos que sus remuneraciones serán retribuidas con criterios técnicos y no subjetivos como hasta la fecha se ha hecho, además y como puede apreciarse, este eje es parte de todo una política salarial integral que brinde tanto garantías de cumplimiento y salarios crecientes en el sector privado, como equidad y eficiencia en el sector público.
*Diputada Partido
Liberación Nacional
