Exjueza en cuatro dependencias, antes fue fiscal del Ministerio Público y directora de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha recorrido las cárceles de Centroamérica, se declara apolítica pero fiel a sus convicciones. En siete días María Cecilia Sánchez Romero dejará su jubilación y se convertirá en ministra de Justicia y Paz.
La nueva jerarca es amiga personal del presidente Luis Guillermo Solís, así lo dijo él al momento de anunciarla después de la reunión del Consejo de Gobierno. Además es la mamá de Celso Gamboa, el exministro de Seguridad y ahora segundo al mando en la Fiscalía.
Sánchez tiene una visión humanista de los privados de libertad, quizás su mayor área de atención en el nuevo cargo. Ella conoce el sistema lo suficiente para proyectar sus prioridades hasta una solución práctica y asegura que la estrategia más efectiva está en la prevención.
La jerarca designada, quien aunque estaba retirada trabajaba como consultora internacional, recibió a DIARIO EXTRA para ampliar en una entrevista las proyecciones de la nueva tarea que le encomienda la administración Solís.
¿Cuáles serán sus prioridades al asumir Justicia y Paz?
- No cabe duda que el sistema penitenciario es fundamental para este ministerio. Para nadie es un secreto que en el sistema judicial se está produciendo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, eso ha sido puesto al descubierto por los jueces de ejecución y por las decisiones de la Sala Constitucional, confirmado por los periodistas; casos de hacinamiento muestran las condiciones tan dramáticas en que se encuentran los privados de libertad, esto nos llama a reflexión porque estas personas solo están privadas de la libertad, pero siguen conservando el resto de los derechos. Tenemos que pensar qué queremos, el propósito de castigar; hemos dicho desde el punto de vista legal que ese objetivo es la rehabilitación, la reinserción social, pero no podemos hablar de reinserción en ese contexto de vulneración, donde las personas no tienen dónde dormir, sin agua, ni acceso a los servicios de salud, con altos niveles de violencia entre ellos, enfrentamientos con las autoridades. Es un ambiente inadecuado para cualquier proceso de reinserción, se da la paradoja de que el mismo Estado propicia condiciones para la criminalidad.
¿Entonces cuál es la solución?
- Se debe apostar a una política de Estado, el sistema penitenciario tiene que apostar a la prevención. Si nosotros invertimos fuertemente en prevención, una gran cantidad de personas que llegan al sistema no estarían ahí, porque no cabe duda que a mayor carencia de oportunidades, a mayor escasez de trabajo, de educación, de salud, de cultura, hay mayores posibilidades de que la persona caiga en una carrera delictiva. Para nadie es un secreto que las condiciones económicas del país no son las mejores, lamentablemente en Costa Rica la desigualdad social ha crecido.
¿Es efectivo el Estado al responder?
- Las personas creen que la cárcel es la respuesta para los temas de criminalidad, no es cierto; si lo fuera, no tendríamos tales niveles de hacinamiento, tantas personas encarceladas y lo cierto es que la cárcel podría ser una alternativa si dispusiéramos de modelos de atención que faciliten a las personas privadas de libertad programas de atención técnica de estudios, de formación, de trabajo; asegurar que egresan y que tienen una opción de trabajo, pero si hay dificultades normales para acceder al trabajo, imagine lo que pasa para un privado de libertad que sale de cumplir una condena. Eso conspira contra el sistema, además hay una política criminal que ha venido conspirando contra el hacinamiento porque se han venido criminalizando conductas que antes eran de mínima lesividad como el robo de un racimo de guineos o un jabón.
¿Qué se debe hacer?
- Esto le cuesta caro al Estado, sin embargo el discurso debe quedar claro: no se apuesta por la impunidad, no se trata de eso. Se trata de racionalizar el uso de la prisión, que vaya a la cárcel la persona que necesita modelos de contención, que tiene problema para vivir en la sociedad libre, pero hay una cantidad de personas que no necesariamente necesitan esos procesos. Estas bien pueden cumplir con una medida alterna, la política criminal tiene que ser de sentido común. ¿Qué quiere criminalizar el legislador costarricense? ¿Hacia dónde se quiere ir?
¿En qué se va a centrar tras llegar a Justicia y Paz?
- En primer lugar, establecer una política penitenciaria sistematizada, establecer pautas claras de hacia dónde queremos conducir el modelo penitenciario, apostar al modelo que priorice la atención y capacitación técnica, y que fije el encierro de la persona como última instancia. La meta es impedir que el hacinamiento crezca porque ya eso es una tarea titánica, entran 500 privados cada mes y no se logra sacar más de 250. Posteriormente bajar la población, en razón de la puesta en vigencia de programas que atiendan las necesidades de los privados, no porque se construyeron 5 mil espacios más. La construcción de más espacios carcelarios es una parte importante al problema pero no es la solución porque si construimos 10 cárceles, las 10 las vamos a llenar.
¿La solución que planteó Cristina Ramírez concentrando energía y recursos para crear más espacios estaba errada?
- No, yo no la calificaría de errada. Es un tema de visión porque en eso estamos hablamos de cómo concibe la política. Hay personas que consideran que el encierro es importante, significativo y aporta tranquilidad a la sociedad costarricense; creo que el encierro en las condiciones que tenemos nosotros conspiran contra la tranquilidad del país porque las personas que salen de ahí son más violentas y salen a hacer más daño. Eso es quizás lo que debemos entender como comunidad, por eso se apuesta por tutelar los derechos humanos, porque es una inversión para la seguridad social. Es mejor que una persona salga con un trabajo o capacitada, no con un resentimiento y con la violencia sufrida.
¿Su experiencia en el campo como jueza, fiscal y abogada la ha humanizado en el tema de privación de libertad y ayudará a resolver en este ministerio?
- Tengo una visión humanista en la medida que he entendido que el sistema penal aquí y en todo el mundo ha perseguido muy particularmente a ciertos rectores de la población: los más vulnerables. Esa visión de que se ha ensañado con los más vulnerables me ha hecho cuestionar la eficacia del derecho penal, si sería realmente eficaz un derecho que no es parejo para explicarlo de alguna manera.
¿Se siente preparada desde todo punto de vista para asumir este cargo?
- Desde el momento que yo le digo al Presidente que lo acompaño en este proceso valoro si realmente tengo las herramientas y las condiciones para hacerle frente. Tengo claro que no es un proceso que voy a asumir sola porque hay un equipo de trabajo en el Ministerio de Justicia que conoce el sistema y ha trabajo con dificultades porque Justicia siempre ha sido como la Cenicienta de los gobiernos, ha tenido poco apoyo. El esfuerzo que hay que hacer ahora es que no se quite el presupuesto, no podemos vivir endeudando al país a través de empréstitos para resolver estos conflictos, la respuesta se debe hacer con inversión, pero también, como estrategia.
