La Comisión de Derechos Humanos tendrá hoy un fuerte debate por el proyecto Nº 19.062 “Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación”.
La incitativa fue presentada por el exdiputado José María Villalta, pero ha sido calificado por legisladores como una nueva ley mordaza, y de las más riesgosas
Entre lo que le achacan es que el proyecto sanciona con pena carcelaria, de hasta 3 años de prisión por discriminación cultural, y se elevaría a cinco si se trata de un medio de comunicación.
La diputada liberacionista, Mauren Clarck, miembro de la comisión, explicó que presentará un moción, para que sea la Defensoría de los Habitantes, quien cree un nuevo proyecto para regular la discriminación. La iniciativa que presentó Villalta asegura que debe archivarse.
BLOQUE CRISTIANO EN ALERTA
El comunicador y diputado Fabrico Alvarado, externó su clara preocupación, ante la posibilidad de que la iniciativa avance y sea dictaminada afirmativamente.
Alvarado, quien es representante del bloque cristiano, explicó que están alertas para llevar su oposición a jefes de fracción, y se impida que prospere.
“El proyecto es el más peligroso de todos los que ha querido impulsar el Frente Amplio, y particularmente el exdiputado José María Villalta porque es un proyecto que atenta contra la libertad de expresión, de culto, religiosa. Pretenden castigar con cárcel, pretende incluir en el Código Penal un delito de incitación al odio; ese ha sido el término que han utilizado algunos grupos para acusar por ejemplo a los cristianos y a los que defendemos ciertos principios o valores, ellos lo han llamado odio.
Eso va más allá pues castiga la difusión y publicación de documento que según ellos puedan incitar al odio, podría ser algo tan subjetivo que se podría generar una acusación contra un periódico, contra un medio de comunicación, que publique por ejemplo un artículo de opinión.
Es un texto muy peligroso, que no solamente no debe ser dictaminado, sino que debe ser archivado lo más pronto posible, se va a los extremos y trata de favorecer a algunos grupos que son patrocinados por el Frente Amplio”, argumentó Alvarado.
DEFENSORÍA SACA A MEDIOS
Montserrat Solano, defensora de los habitantes, asegura que debe formularse un nuevo proyecto de ley, pues además de este de Villalta, los existentes se centran en temas de racismo.
“Creemos que es necesario tener una ley marco contra la discriminación, que defina los tipos de discriminación que existen, de los tratados de derechos humanos, las políticas para combatir la discriminación, y los espacios que deben ser libres de discriminación, -porque es algo que aparece en la mayoría de leyes marco de discriminación de todos los países- por ejemplo todos los centros educativos, de trabajo, y la prestación de bienes y servicios” explicó.
Además aseguró que no tendría relación con castigar a medios de comunicación.
“La apología al odio, es un tema que no se trata de insultos, es algo más grave de expresiones que dentro de un contexto en la que se emite y los medios, que se pueda pensar que lleven a algunos actos de violencia (…) El proyecto no iría en esa línea porque en primer lugar nos basaríamos en jurisprudencia internacional, en normas contra la discriminación; lo que se busca es establecer política pública, no tiene que ver justamente con el tema de apología del odio” explicó.
Solano indicó que tampoco vislumbra inclinarse por penas carcelarias.
FRENTE AMPLIO DEFIENDE PROYECTO
La diputada del Frente Amplio, y también parte de la Comisión, aseguró que no apoyará la iniciativa de que sea la Defensoría la que elabore una nueva ley.
“Creemos que debemos discutirlo, y dictarminarlo” indicó Mora, haciendo referencia que no se puede aplazar más la regulación sobre este tema.
La diputada rechaza que sea una mordaza, y asegura que para evitarlo, el proyecto fue reformado en el sentido que quede claro qué es discriminación cultural.
“No es que se vaya a callar la boca de manera indiscriminada (…) Todos compartimos que no es lo mismo expresar criterios que hacer campaña contra una minoría”, señaló.
De aprobarse la salida de la Defensoría de los Habitantes, tendría un plazo de cuatro semanas para presentar el nuevo proyecto,
