Un proyecto de ley busca sancionar a las personas que conducen en estado de ebriedad con procedimientos administrativos y penales separados. Además se contempla autorizar a la Policía de Tránsito para que someta a pruebas de alcoholímetro a aquellos conductores sospechosos de manejar bajo los efectos del licor, si se niegan, la normativa sancionará con una multa de ¢300 mil.
La iniciativa es impulsada por los diputados Javier Cambronero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana, quienes presentarán el proyecto para modificar la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial de manera parcial.
Corella indicó que con el procedimiento actual se obliga a los oficiales de tránsito a perder muchas horas innecesariamente. “Con la reforma que proponemos, si un chofer se niega a la prueba del alcoholímetro podría sufrir una multa de hasta ¢300 mil y se remitirá al Ministerio Público para el procedimiento que corresponda”, explicó.
Otras de las reformas de la iniciativa incluye definiciones faltantes en la ley actual, reglas más claras sobre varias multas y sobre la prohibición del uso de polarizados, sanciones por desacato de las indicaciones de las autoridades de Tránsito y la creación de una unidad policial de apoyo legal al tránsito en carretera, similar a la de la Fuerza Pública.
“El procedimiento que contiene actualmente el artículo 208 de la Ley de Tránsito es virtualmente inaplicable. No obliga a utilizar el alcoholímetro y confunde la vía administrativa y la vía penal. Por ese motivo ha aumentado el número de casos de impunidad. La reforma que estamos presentando arregla ese grave problema”, agregó Cambronero.
