El expresidente Miguel Ángel Rodríguez y siete personas más deberán sentarse otra vez en la silla de los acusados por el supuesto delito de peculado, que consiste en la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia.
En el 2013 la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda la apertura a juicio de este caso, sin embargo los jueces dictaron un sobreseimiento definitivo, por eso apeló en la nueva audiencia, desarrollada entre el 2 de febrero y el 16 de abril del 2015.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda que se ordenara la apertura del debate y la tarde de ayer los jueces le dieron la razón. Ahora el Tribunal Penal de Hacienda deberá señalar fecha para el inicio del juicio en contra de los ocho acusados.
LOS HECHOS
La Fiscalía de Casos Especiales acusó a los imputados de, supuestamente, distraer fondos públicos de una póliza de seguros que el Instituto Nacional de Seguros (INS) colocó en el mercado internacional, mediante la empresa reaseguradora londinense PWS, para asegurar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Así consta en los expedientes 01-9428-042-PE y 05-000002-621-PE, en los que el Ministerio Público explica que desde su punto de vista ambas instituciones costarricenses, así como los deberes de la función pública, figuran como perjudicados.
Según la acusación se habría pactado un sobreprecio del reaseguro con la compañía PWS y las empresas intermediarias, con lo que los acusados habrían logrado que se creara un fondo paralelo, el cual se habría gastado en viajes, actividades de placer y en la entrega de dinero proveniente de los fondos públicos en beneficio de los acusados.
En este caso el Ministerio Público informó que al parecer hubo una cuerdo previo, antes de que Rodríguez fuera presidente, con funcionarios de PWS para cometer los supuestos delitos, por lo que habría recibido más de $700 mil, los cuales eran fondos públicos.
El caso tiene que ver con el presunto pago de dádivas de la firma londinense PWS por al menos $2,1 millones a funcionarios del INS y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según el fiscal general Jorge Chavarría, “la resolución del Juzgado Penal confirma la vigencia del Estado de derecho en Costa Rica, ya que será en un juicio oral y público con total transparencia y objetividad, como debe de ser, donde el Ministerio Público expondrá todas las probanzas recolectadas y los criterios objetivos que lo convencen sobre la viabilidad de la acusación. De igual manera, los imputados tendrán oportunidad de ejercer su derecho de defensa”.
INOCENCIA
Eduardo Araya, abogado del exmandatario, dijo sentirse “sorprendido porque la acusación que hace el Ministerio Público y la querella presentada por el INS, a nuestro criterio, como abogados, es que están fundadas en muchas suposiciones. Una acusación tiene que hacer atribuciones concretas pero basada en prueba y aquí no hay ninguna prueba que incrimine a Miguel Ángel Rodríguez”.
Agregó que “ya son 11 años de soportar esto, 11 años que lo tienen sometido a un martirio; que lo acusan, que lo sobreseen, que lo vuelven a acusar y a sobreseer”.
De manera vehemente y clara el defensor del expresidente dijo que están seguros de que en el nuevo juicio se demostrará la inocencia de Rodríguez.
“Ya el tribunal cuando conoció en apelación este mismo caso confirmó la resolución de un juzgado penal que declaró la nulidad de la prueba bancaria obtenida, que según dijo se obtuvo violentando la Constitución Política y la ley, es decir no se hizo con orden de juez de garantía y eso se mantiene en este caso”, explicó el abogado.
LOS DEMÁS ACUSADOS
Las otros acusados son el expresidente ejecutivo del INS, de apellido Zawadski, así como el director de la sección de Reaseguros del INS, apellidado Acuña. Además dos mujeres de apellidos Montes de Oca y Cordero, y tres funcionarios del ICE de apellidos Bonilla, Corrales y Lara.
SE DECLARA CULPABLE
Por este caso en octubre del 2010 el británico Julian Messent, exejecutivo de PWS, ante una corte de Londres se declaró culpable de repartir $2 millones en sobornos a tres funcionarios públicos de nuestro país, cuyos nombres no reveló.
