Desde antes que saliera el sol, decenas de vecinos de El Huaso, en San Miguel de Desamparados, bloquearon las calles como medida de presión para que se cierre el botadero de basura que opera en esa comunidad. Además buscan la intervención inmediata de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud.
En medio de la manifestación, los lugareños denunciaron que hay tubos de aguas negras que caen al río y el olor de la basura que llega de 11 cantones es insoportable.
Ante la presión de los vecinos para que se manifestara sobre el cierre del basurero que les afecta a diario, la Municipalidad de Desamparados argumentó que el terreno donde está el relleno sanitario pertenece a Aserrí, por lo que es ese cantón quien autoriza los permisos de patentes para el funcionamiento de este espacio junto con el Ministerio de Salud, por tanto a ellos les corresponde decidir.
Ronald Muñoz, vecino de El Huaso y coordinador de la Unión Prodefensa del Distrito de San Miguel, explicó que este problema afecta además las nacientes de agua, sin que intervengan la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Tribunal Ambiental para proteger a los vecinos.
“En noviembre de 2014 se hizo una auditoría externa donde se apuntaba una serie de recomendaciones sobre este problema y advierte del cierre del relleno si no se cumplen, aun así, ni se cumplen ni se cierra este lugar.
El Ministerio no quiere actuar, hay ruido durante las noches, no hay plan de depósito durante las lluvias, lo que aumenta los intensos olores”, manifestó Marcos Padilla, vecino.
María Esther Anchía, viceministra de Salud, se reunió ayer en la noche con los vecinos para analizar el tema y ver cómo podían resolverlo, pero dijo que hoy en la mañana se presenta una solución para El Huaso porque la empresa presentó un recurso que debe analizarse desde el punto de vista legal.
ESTUDIANTES SIN AULAS
La problemática del relleno sanitario se mezcló con el malestar de más de 600 alumnos del Colegio Profesional José María Zeledón, quienes se manifestaban contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que inicie la construcción de las nuevas instalaciones del centro educativo que estaba previsto para el año pasado.
Rebeca Granados, directora del colegio, explicó que la junta cuenta con los fondos desde junio del año anterior pero no inició las obras, mientras tanto los más de 600 estudiantes ocupan 6 aulas, las cuales se ven afectadas por la contaminación del aire .
La manifestación se mantuvo a la espera de que el Ministerio de Salud y el de Educación resolvieran las problemáticas.
Walter Muñoz, director de la Unidad de Infraestructura y Equipamiento del MEP, explicó que efectivamente hay dinero para realizar los cambios pero existe un problema en el procedimiento. “La junta educativa pidió un proceso abreviado que es para ejecutar montos de entre ¢200 millones y ¢300 millones, pero ellos tienen más de ¢1.500 millones, por lo que deben hacer un proceso ordinario.
Esto implica poner el proceso a licitación y debe hacerse por una constructora porque hay más trabajo técnico. Las administraciones anteriores tenían mucho dinero, por lo tanto se debe seguir el proceso administrativo”, aclaró.
PERIODISTA:
CRÉDITOS: Fotos: Randall Sandoval
EMAIL:
Martes 16 Junio, 2015
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA