La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a la Caja Costarricense de Seguro Social para que revise los casos de adultos mayores que se encuentran a la espera de una cirugía u otro procedimiento similar.
El objetivo, según la institución, es que a esta población se le dé prioridad, no solo por su padecimiento, sino por su condición de adulto mayor; y que se apliquen las políticas de vejez y envejecimiento con que cuenta el país.
La Defensoría ha demandado al Estado que aplique políticas públicas que sean consecuentes con la necesidad de proteger a la población adulta mayor. En este sentido, hemos solicitado a la Caja que la variable etaria se considere a la hora de realizar las listas de espera, sobre todo en los servicios de ortopedia. El maltrato contra los adultos mayores es un problema de salud pública”, indicó el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero.
El llamado de la Defensoría se generó, entre otros aspectos, debido a una denuncia recibida por un ciudadano adulto mayor que necesitaba una cirugía ortopédica y el especialista le indicó que debía aguardar, ya que había 300 personas delante suyo.
En la Defensoría, aseguraron que la Caja se comprometió a atender el pedido realizado. DIARIO EXTRA intentó, durante este viernes, comunicarse con la gerente médica de la CCSS, Eugenia Villalta, sin embargo, las llamadas al teléfono personal no fueron atendidas, y en la institución, indicaron que ella se encontraba de gira en la Zona Sur.
Viejitos abandonados tendrán hogar
Por su parte, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, (Conapam) inyectará capital a 10 hogares del país para que reciban a los ancianos abandonados en centros médicos y calles.
Los recursos que proporcionará el Conapam, serán destinados a reforzar los servicios que ofrecen y mejorar la infraestructura para poder albergar a los viejitos.
En total, tenemos 260 adultos mayores abandonados en hospitales y nos queda presupuesto para ubicar a 90 más. Actualmente, no tenemos censados a los adulto mayores en situación de calle, sino que trabajamos contra denuncia”, indicó Zulema Villalta, presidente de Conapam.
El presupuesto a utilizar en este programa asciende a los ¢1.500 millones y, por persona, la entidad pagará a los hogares, desde ¢450 mil hasta ¢650 mil, dependiendo de su grado de discapacidad.
Villalta acotó que la ubicación se comenzará a dar en cuanto se le giren los fondos a cada centro.
