La controversia en torno a quién ocupa el puesto de apoderado generalísimo de Gas Nacional Zeta S.A. continúa porque ante una reciente resolución emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, las dos partes en conflicto indican que viene a aclarar dudas y que mientras una parte afirma que se deberá devolver todo a Noel Bustillos, la otra asegura que no afecta lo hecho por Miguel Monge frente a la empresa.
En un comunicado de prensa emitido por la parte que representa a Evangelina López se indica que la Sala Primera resolvió y reiteró las medidas cautelares dictadas por un juez de Texas el año pasado, al divorciarse de su esposo Miguel Zaragoza, pues ambos eran los dueños de Gas Nacional Zeta.
“Se rechaza la gestión de nulidad de todo lo actuado que pretende el señor Miguel Monge Alonso (representado por su abogado César Gómez Montoya (Bufete Artavia y Barrantes), en su condición de apoderado especial de Cilindros para Gas, S.A.
Se aclara la resolución de esta Sala de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil quince, en el sentido de que la limitación a pasar suma alguna a cualquier persona no relacionada con las partes por consanguinidad o matrimonio, específicamente Elsa Carrillo Anchondo y/o sus hijos, lo es siempre que no se afecten derechos alimentarios amparados legal y jurisdiccionalmente…
De igual manera los juzgadores llamados a intervenir en la ejecución del exequátur deberán velar para que se garanticen los principios del servicio público en relación con el suministro y distribución de gas en el territorio nacional”, detalla el comunicado enviado por la parte que representa a Bustillos.
Al respecto Sergio Artavia, quien representa a Miguel Monge, quien figura ante el Registro Mercantil como apoderado generalísimo, comentó que la interpretación efectuada por las anteriores autoridades es errónea, pues no hace referencia a la situación actual sino a medidas que se tomaron en otros momentos.
Enfatizó que la Sala Primera aclara que dilucidará lo del monto de pensión alimentaria que se le hará a López, que en la actualidad ronda los ¢630 millones mensuales.
Al mismo tiempo dijo que en el resumen del voto se señala que cualquiera de las instancias judiciales, entre estas el Tribunal Contencioso Administrativo, deberá velar por que se garanticen los principios de servicio público en relación con el suministro y distribución del gas en todo el país.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 27 Mayo, 2015
HORA: 12:00 AM
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