José Antonio Rojas Hernández, presidente de la Asociación Nacional Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (Asoprousuarios), presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Consejo de Transporte de Público (CTP) y esta lo acogió.
Explica que luego de la audiencia pública realizada el 7 de abril del 2015, para fijar el aumento extraordinario de un 1,2% por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en el CTP incluyeron nueva documentación que nunca fue conocida por los usuarios ni por los empresarios de autobuses dentro del proceso, según consta en el expediente No. 0005-2015.
Mientras que el 29 de abril del 2015, mediante oficio No. 378-RG-2015, el regulador general de la República, Denis Meléndez, hace la consulta de "¿cuál debe ser el título habilitante en el caso específico de la renovación de concesionarios para prestar el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús?", a la Procuraduría General de la República (PGR).
Pero a través de otra consulta en el oficio No. VTSV-O300-2015, también a la PGR por parte del viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, este pregunta exactamente lo mismo que el regulador, sobre si es necesario el refrendo para el aumento de la flotilla por parte de la Aresep, por lo que la PGR les responde a ambos.
Dicha notificación se dio el 6 de mayo mediante resolución No. C-103-2015 en la cual la PGR les indica que sí es necesario el refrendo para el aumento de la flotilla nacional.
Precisamente ese día el CTP ante el criterio de la PGR, y mediante acuerdo No. 25-2105 en su punto 8.1, aprueba pasar a los concesionarios de autobuses a permisionarios en precario de forma excepcional.
Esto lo que quiere decir es que ya no se necesitaría el título habilitante, que en simples términos no requeriría el refrendo de la Aresep para hacer el aumento favoreciendo a toda la flotilla nacional, obviando el criterio de la Procuraduría, por lo cual el CTP aplica el artículo 25 de la Ley 3.503 y le dice a la Aresep que ejecute el aumento porque todos son permisionarios en precario dejando de ser concesionarios, lo cual evidencia una presunta falta al debido proceso.
Esto además refleja un acto contrario en el CTP, pues normalmente para los procesos licitatorios tendientes al otorgamiento de las concesiones, el cual no es el caso de los encargados de estas, toda vez que presentaron los requisitos y firmaron el contrato de renovación.
Es más, alega el recurrente que lo notorio es "que las consultas respectivas a la PGR no dimensionan los efectos o consecuencias legales de una tarifa ya expuesta con planteamientos jurídicos razonados y planteados según expediente No. 005-2015, mismos que fueron la base fundamental de lo expuesto para aumentar mediante ajuste tarifario a nivel nacional las tarifas a los permisionarios y concesionarios.
Tampoco se dimensiona que la audiencia pública fue realizada y se encontraba en estudio de resolución con los elementos aportados públicamente según el expediente referido. Lo que deja en un eminente estado de indefensión a la amparada, al haberse conocido públicamente para la participación ciudadana a la oposición.
Además también podría darse una falta al debido proceso, con la falta de notificación de forma individual a cada concesionario, los cuales consolidaron mediante la firma del contrato su concesión.
Señala que la falta de la presentación de los expedientes ante la Aresep para su respectivo refrendo por parte del CTP es el que consolida la eficacia de la concesión, requisito inexistente al momento de conocerse la solicitud tarifaria de oficio a nivel nacional para el grupo de concesionarios".
Por ello el 7 de mayo la Aresep emitió la resolución No. 034-RTI205 donde aprueba el ajuste tarifario extraordinario a nivel nacional para las rutas de transporte público del servicio colectivo de personas, modalidad autobús.
Como explica el recurrente, el ajuste tuvo criterio en la resolución PGR C-103-2015 y el acuerdo 25-2015 del CTP, pasando los concesionarios a permisionarios en precario, elemento indispensable para evadir los requisitos solicitados por la Aresep, pues al tratarse de permisos no requiere del refrendo.
Así las cosas, Aresep aumentó, pues no tenía traba con el título habilitante, mismo que se da mediante refrendo a través de la eficacia jurídica al acto. Es así como hecho todo este movimiento de aumento extraordinario ahora volverán a ser concesionarios y los expedientes los vuelve a tener Aresep para ser refrendados.
Consultado el presidente de Asoprousuarios, José A. Rojas, indicó que toda esa documentación de acuerdo con la fecha de notificación fueron aportados posteriormente a la audiencia pública y lógicamente no fueron discutidos y menos conocidos por los usuarios o los empresarios, dejando a su representada en un evidente estado de indefensión al entregarse la documentación referida un mes después de haberse dado la audiencia pública violentando la participación ciudadana y el derecho a la información.
"Es necesario de una vez por todas tratar que funcionarios, como ejemplo del CTP, dejen de legislar e interpretar la ley a su antojo, haciendo uso abusivo de sus funciones, en perjuicio de los usuarios, sin darse cuenta que el aumento tarifario que se les aplica a los autobuseros es lo que en promedio el gobierno le aumenta a un trabajador en Costa Rica.
Por tanto este tipo de abusos trae más pobreza al pueblo y algunos empresarios de buses no se percatan que la falta al debido proceso por unas monedas más, les podría significar la pérdida de su concesión".
Por último Rojas acotó que el regulador ni el viceministro emitieron alguna nota que conste en el expediente No. 005-2015 advirtiendo lo que harían.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Lunes 25 Mayo, 2015
HORA: 12:00 AM
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